Institucionalidad en Latinoamérica

Miércoles 20 de Mayo de 2009 - EDITORIAL

Los países progresan y se desarrollan en función de la calidad y solidez de sus instituciones. En cuanto a calidad, éstas deben estar diseñadas de modo que no creen incentivos perversos, que provoquen efectos opuestos a los buscados. Y en cuanto a solidez, su permanencia en el tiempo es lo que permite despejar parte de las incertidumbres del futuro, pues las personas pueden así tomar decisiones de largo plazo, por la confianza que esa permanencia inspira. En otras palabras, las reglas que la sociedad se dé deben estar en consonancia con la real naturaleza humana y ser estables.

Cuando se observa lo que ocurre en Latinoamérica en materia de institucionalidad presidencial, las conclusiones distan de ser alentadoras. Durante la década de 1990 varios países modificaron sus reglas de reelección presidencial, impulsados por los propios presidentes en ejercicio, con el expreso objetivo de beneficiarse a sí mismos. En Argentina, el Presidente Menem, tras un exitoso primer período, logró reformar la Constitución para poder reelegirse, lo que requirió cierto nivel de populismo, que finalmente repercutió en la calidad y la probidad de su segundo período, y fue la antesala de los problemas que desembocaron en la crisis de 2002. En Brasil, el Presidente Cardoso también modificó la Constitución, lo que demandó negociaciones que debilitaron su capacidad para gobernar en su segundo período, con perjuicio para el país. En Perú, el Presidente Fujimori fue más allá: tomó el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quiso reelegirse una tercera vez, y terminó renunciando por fax, desde Japón.

En esta década, el Presidente Chávez reformó la Constitución venezolana para poder reelegirse, y luego, después de dos intentos, logró que la reelección pueda ser indefinida. En Bolivia, el Presidente Morales muestra intenciones de avanzar en la misma dirección, y el Presidente Correa, de Ecuador, también modificó la Constitución, consiguió ser reelegido, y ahora busca que ella se interprete de modo que pueda serlo una vez más.

En un escenario más perturbador, porque no responde al mismo patrón ideológico, el Presidente Uribe, de Colombia, también procura modificar la Constitución para poder reelegirse, en un país que, pese a sus problemas internos, había logrado una estabilidad institucional —que iniciativas como ésta ponen en jaque.

Esta falta de madurez democrática que están demostrando varios países de Latinoamérica es preocupante.
Estados Unidos, un ejemplo mundial de estabilidad institucional y de éxito económico, estableció su sistema de reelección sobre la base del ejemplo de su primer Presidente, George Washington, quien, teniendo la opción de reelegirse para un tercer período, renunció a ello, reconociendo el peligro que encerraba para el equilibrio de poderes. El único transgresor fue Franklin D. Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, quien fue elegido para un cuarto período y alcanzó a servirlo por sólo tres meses antes de fallecer. La lección fue aprendida y la Constitución se modificó para no permitir más de una reelección.

Nuestro país tiene un buen historial al respecto. Aunque se pueden discutir las ventajas de períodos de cuatro o seis años, y de impedir o permitir la reelección por una vez, lo importante es la continuidad de las reglas, que genere estabilidad institucional. Si la ciudadanía decide cambiarlas —lo cual es necesario en ciertas ocasiones—, eso nunca debería hacerse para favorecer a quien está en el gobierno, sino para el siguiente período. Eso evita suspicacias y permite sostener con veracidad que se busca el beneficio del país.