Modernización del financiamiento de la defensa

Francisco Vidal
EL MERCURIO
14/09/2009

La Ley Reservada del Cobre, promulgada originalmente en 1958, asigna el 10% de las ventas al exterior de Codelco a la adquisición, fabricación y reparación de elementos destinados a la defensa nacional, incluyendo armamento, municiones e infraestructura estratégica.

Esta forma de financiar la defensa debe ser reformada, pues no permite un control parlamentario de las prioridades ni de la debida transparencia del gasto. A la vez, la Ley Reservada del Cobre ha recibido fuertes críticas respecto de la fuente de los recursos, el mecanismo de su asignación y su monto.

En efecto, la variabilidad del rendimiento de la ley, atada a la fluctuación del precio del cobre en los mercados internacionales, dificulta la planificación del desarrollo de la fuerza militar, particularmente en los períodos de bajo precio del cobre. Por su parte, en años de alto precio, los recursos rendidos por la ley superan las necesidades de la defensa, generando una percepción engañosa sobre el gasto anual de este sector.

No hay dudas de que las inversiones en defensa tienen características peculiares y por ello requieren un tratamiento especial. Sin embargo, es posible y necesario, en el actual contexto de desarrollo político de Chile y sin abandonar la reserva indispensable de esas adquisiciones, contar con un sistema de financiamiento que permita armonizar el régimen de asignación de recursos para la defensa con el espíritu que la Constitución establece para el régimen general de financiamiento de las funciones y políticas del Estado.

Por lo anterior, el Gobierno considera necesario derogar la Ley Reservada del Cobre y la que crea el Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional), institución que administra sus recursos, para reemplazarlas por una ley que obtiene los recursos del tesoro público y los asigna por las vías normales con que se financian las demás funciones y políticas públicas. El texto, además, perfecciona e introduce mecanismos modernos y transparentes de gestión y control del gasto, sobre la base de un régimen plurianual de financiamiento que asegure la inversión en sistemas de armas cuya adquisición supere las capacidades presupuestarias de un año fiscal.

Este proceso garantizará, entonces, un sistema de planificación de largo plazo en el que el ministerio elaborará la planificación del desarrollo de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, previa opinión de la junta de comandantes en jefe, para períodos de 12 años, la que será actualizada y aprobada cada cuatro años por el Presidente de la República, mediante decreto supremo, dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que asuma el mando del país. Los parlamentarios, año a año, tendrán control sobre la ejecución presupuestaria de los recursos planificados, pero siempre dentro de los marcos de largo plazo que han sido definidos.

Así, con una planificación de estas características, se asegura que las necesidades de la defensa nacional estén claramente garantizadas, pues el financiamiento no estará sujeto a los vaivenes de la economía ni al devenir de los ciclos políticos o electorales.

Frente a esta modernización necesaria para el país, estamos convencidos de que nuestra democracia se encuentra madura para construir un consenso entre todas las fuerzas políticas, inspirado en una visión de Estado.

Transformar el sistema de financiamiento de la defensa nacional es justo para Codelco, es justo para las Fuerzas Armadas y es justo para Chile.