Este blog quiere ser, en parte, un pequeño aporte al mundo de la ciencia política, aportes, teorías, etc.
Esta sección se enfoca en articulos de opinión, noticias y eventos de la Ciencia Política de Chile y el Mundo.
Algunos columnistas de la oposición a quienes -como es obvio- les caen muy mal las recientes encuestas en que el Presidente de la República sube algunos puntos de popularidad, han resuelto atacar a las firmas que realizan los sondeos. Se equivocan: le están echando la culpa de la fiebre al termómetro. Quien le sube la popularidad a Uribe no es el Gallup Poll, queridos colegas: ¡es Hugo Chávez!
Con sus agresivas andanadas contra Colombia en Aló, Presidente, en sus entrevistas y en sus discursos, por cuenta del acuerdo entre Bogotá y Washington para la presencia estadounidense en bases militares colombianas; con sus amenazas contra el comercio binacional, cada vez más ciertas y verificables en la realidad, y con su sostenida política de comprar armas ofensivas, como tanques y cohetes rusos de hasta 300 kilómetros de alcance, Chávez no hace más que justificar la alianza colombo-estadounidense que, en el sentir de muchos colombianos, "nos defiende contra ese loco". Y, de paso, el teniente coronel empuja a Uribe hacia arriba en las encuestas.
El presidente colombiano había venido retrocediendo poco a poco en los sondeos este año. La franja del centro del espectro político, constituida por colombianos de clase media, residentes en las ciudades y que había estado con Uribe desde el 2002, en los meses recientes se había ido llenando de prevenciones en contra de su segunda reelección. Le reconocían al Presidente sus éxitos en seguridad, pero -temerosos como son siempre los electores de clase media- los inquietaba mucho el ambiente de crispación y choque de trenes por su búsqueda del tercer mandato.
¿Qué llevó a muchos en esa franja a volver a respaldar a Uribe? Ellos siguen viendo los riesgos de la perpetuación de una misma persona en la Presidencia, y siguen palpando el ambiente de polarización y guerra entre los poderes públicos. Pero la amenaza de Chávez los asusta mucho más. Mientras que el peligro institucional de un tercer mandato de Uribe les parece teórico, sienten a diario la agresividad de Chávez, la ven crecer a diario con las poderosas armas que compra y la comprueban a diario en la caída de las exportaciones colombianas a Venezuela, por orden del teniente coronel.
Si no fuera por Chávez, el respaldo a Uribe se estaría quebrando. De hecho, si uno mira el Gallup Poll con cuidado, el mandatario colombiano no las tiene todas consigo para la segunda reelección. Un 58 por ciento votaría el referendo. Pero en esos 58 puntos porcentuales hay muchas fisuras. Ocho puntos votarían contra la reelección, cuatro más tienen grandes dudas y otros 20 puntos corresponden a colombianos que no votaron en las más recientes elecciones, las de alcaldes y gobernadores en el 2007 y, por lo tanto, son asimilables a la amplia franja abstencionista. Esto quiere decir que, del 58 por ciento que votaría el referendo, solo 26 puntos porcentuales resultan seguros para Uribe. Y eso está en el borde de la cuarta parte del censo electoral que debe votar el referendo para que sea válido.
Hace algunos meses ya se notaban estas fisuras. Y, de hecho, eran mayores, lo que hacía peligrar gravemente la iniciativa. Lo que ha mejorado un poco las cargas para el Presidente, repito, es la frenética avanzada anticolombiana de Chávez. Me han contado algunas fuentes que varios dirigentes opositores, tanto del Polo como de la corriente izquierdosa del liberalismo, han ido a Caracas a pedirle de rodillas al teniente coronel que le baje el tonito a la pelea, porque está ayudando a que suba la popularidad de Uribe. Pero Chávez no les ha hecho caso. Ni se lo va a hacer: en el fondo, quiere que su vecino salga reelegido para poder justificar más agresividad, más compra de armas y más embelecos con los cuales distraer el desastre interno del socialismo del siglo XXI.
En su encuentro con la prensa del martes 23 después de mediodía, el Presidente Barack Obama menciona a Chile repetidamente en dos aspectos.
Primero, lo destaca como un modelo a seguir en cuanto a la manera de enfrentar la recesión económica. En una traducción a la rápida: "Si se mira cómo Chile ha manejado la recesión, que la ha manejado muy bien, en parte porque protegieron el superávit derivado del alto precio del cobre, lo que es una buena lección para EE.UU. Cuando teníamos el superávit, lo hicimos disipar".
Segundo, enfatiza el modelo de relación bilateral con Chile, señalando que no obstante las diferencias en algunos puntos en política exterior que se respetan, lo importante es que "EE.UU. no le dicta a Chile cómo debe velar por sus intereses".
Dice Obama: "Ese es el modelo a que aspiramos, asociarse". Después agrega: "Esperamos que la Presidenta Bachelet nos entregue sus consejos de manera que podamos expandir el tipo de relación que EE.UU. tiene con Chile a través de toda Latinoamérica".
Ante una pregunta de cómo funcionaría EE.UU. frente a otros países con menos democracia, Barack Obama comenzó a responder así: "El punto es que Chile lidera a partir del ejemplo. Ver a Chile como un ejemplo".
Independiente de la evaluación propia, quizás hace muchas décadas que no se escuchaba a un presidente de EE.UU. señalar con tanta confianza -podríamos decir convicción- y a la vez con pulcritud de lenguaje, un elogio tan rotundo hacia un país, y menos a la región.
Habiendo seguido el tema internacional en varias regiones durante varias décadas, pocas veces recuerdo a un Presidente de una potencia como EE.UU., referirse sobre algún país como modelo en dos temas macro, como son la economía política y las relaciones internacionales.
Decir modelo siempre es riesgoso o exagerado. Comúnmente se ha hablado del "modelo suizo" o del "modelo nórdico" y la verdad es que hay perplejidad al palpar que en todas partes hay injusticia, exclusión, y mal manejo. No hay modelitos como para que el género humano se vanaglorie. Guía u orientación estarían más apropiados creo, pero claro, no le vamos a corregir a un Presidente que se destaca en sus discursos por profundidad y detalle.
Más allá de la necesaria dosis de entusiasmo diplomático que suele ocurrir durante visitas de Estado, -como la que llevaba a cabo la Presidenta de Chile en Washington al momento de esta conferencia de prensa-, al Presidente Barack Obama no se le caracteriza por la ostentación en el elogio y en el comentario en general. Frecuentemente, dentro de la calidez que proyecta, hay contención y a menudo la prensa de su propio país le fustiga su parquedad y frialdad. Esta vez se le vio diferente.
No deseo transferir un falso entusiasmo al ingrediente innato de chovinismo ramplón que se acostumbra a tener cuando algún forastero elogia algo bueno que sucede en el país propio, a lo cual nadie está exento, creo. Aquí el tema tal vez no sea solamente Chile y ni siquiera lo que uno pueda opinar sobre lo dicho por Obama respecto a Chile.
Aquí interesa poner atención por qué lo dice y cuándo lo dice. Es así que tal vez sea más importante el tema de cómo comienza a perfilarse en EE.UU. una política exterior que ni se soñaba en el texto más optimista de política internacional.
Puede que sea prematuro aventurar juicios con menos de seis meses en el cargo, frente a hechos como dos guerras. Corea del Norte reclamando un derecho atómico que otros tienen, la revuelta en Irán y la revuelta permanente interna neoconservadora que lo presiona por todos lados. Esto recién comienza.
Pero aún aplicando el más obsesivo realismo, es innegable el desarrollo en la administración que comanda Obama de una tendencia marcada hacia la construcción de denominadores comunes para hacer funcionar una maquinaria de relaciones internacionales precaria y roída.
Chile es como el pretexto para los anuncios, y por cierto es importante, pero lo de Obama son los mensajes breves, concisos y plenos de contenido en cómo restablecer cierto orden mundial para poder hacer las cosas en paz. Igualmente ha sido su mensaje equilibrado respecto a lo de Irán. No me pidan intervención los que protestan; el régimen tiene que estar atento porque el mundo observa.
Existe un credo político que dejó de tener expectativas, entusiasmo, y hacer suposiciones sobre Chile en particular y un continente al cual le han caído los egoísmos y narcisismos más fecundos, en cuanto a apoderarse de los espacios políticos para sacar cuentas alegres en algunos casos, y en otros para el revanchismo destructivo y escuchando a Barack Obama elogiar a Chile uno volvía a las preguntas de siempre:
¿Tendrá que ser un forastero el que venga a decir lo que está sucediendo, en este caso la parte buena del asunto, dicha por el Presidente de EE.UU.? ¿Es que no nos damos cuenta de lo que tenemos? ¿O es que él ha sido informado sobre un sólo lado del asunto? Las preguntas quedaban circulando.
No recuerdo en las últimas tres décadas, que un presidente de una potencia como EE.UU., haya dicho sobre un país, situado en un confín tan poco gravitante en el tráfico geoestratégico excepto por la Antártica y la Patagonia, que podía constituirse en modelo por su manejo económico y en el funcionamiento de la relación internacional bilateral con EE.UU.
Obama no quiso entregar una disculpa respecto a las dictaduras impulsadas y apoyadas en América Latina por las administraciones anteriores en EE.UU. Sólo admitió equivocaciones del pasado. Muchos pensarán que es poco, pero es un comienzo. En Chile en amplios sectores todavía no se debaten públicamente estas equivocaciones.
El elogio a Chile llega en el período de inflexión cuando más lo necesitaba la alianza de gobierno para estabilizar la curva ascendente en su reencuentro con los objetivos de su ideal político. Se necesitaba una majestuosa confirmación de lo que se estaba haciendo y provino desde donde se están marcando las diferencias en materia de reencauzar el sentido constructivo de la política. ¿Comenzará a gobernar la verdadera Concertación ahora, después de 20 años?
Muchos gobernantes y autoridades hablan de la democracia y se autodenominan demócratas, pero con sus conductas desdicen de este sistema de gobierno y no descansan hasta socavarlo. La democracia es un conjunto de principios que se consideran irrefutables y superiores a cualquiera otra forma de gobierno y donde además estos principios legitiman unos valores y obligan a las autoridades de la "Polis" a sujetarse a unas reglas de juego que garanticen la dignidad y los derechos fundamentales de quienes son gobernados.
En otras palabras, la democracia es un ideal que se concreta en el Estado de Derecho, que nuestra constitución política por la evolución histórica y filosófica del mundo occidental postsegunda guerra enuncia como "social" de derecho, que no es otra cosa que el sistema de gobierno legitimado electoralmente por los súbditos, para que las autoridades garanticen unas normas y ellas mismas en sus actuaciones no puedan separarse de esas normas.
Así las cosas, el Estado Social de Derecho que recrea nuestra Constitución no es un concepto subjetivo, sino una realidad objetiva y espiritual en la que supone primeramente las autoridades y el pueblo llano considera su garantía de existir y vivir en dignidad ejerciendo efectivamente sus derechos fundamentales: Vida, Honra, Libertad, Igualdad, Dignidad (que encierra el derecho a la salud, a la educación, al techo, a la propiedad, a la cultura, etc.).
El gran dilema o telóntalón de Aquiles de este Estado de Derecho radica en que es administrado por unos encargados que se denominan "gobierno", que no siempre están comprometidos con su supremacía y razón de ser, y lo que se conoce como Estado de Derecho fácilmente y paradójicamente con la favorabilidad y el apoyo del pueblo puede convertirse en una tiranía.
Pero antes de ser una tiranía o una dictadura, el Estado de Derecho puede, en virtud de su gobierno, dar paso a un Estado de opinión, como lo expresó el Presidente colombiano en una reunión diplomática con miembros de la realeza española: "Colombia está en la fase superior del Estado de Derecho, que es el Estado de opinión. Aquí las leyes no las determina el presidente de turno. Difícilmente las mayorías del Congreso. Todas son sometidas a un riguroso escrutinio popular, y finalmente a un riguroso escrutinio constitucional".
Pero se equivoca el presidente; el Estado de opinión no es ninguna fase superior del Estado de Derecho; todo lo contrario, es el síntoma más claro de su debilitamiento y posterior aniquilación, pues así como habíamos afirmado que el Estado de Derecho es un conjunto de principios y de valores objetivos que concretan y garantizan la participación y el ejercicio de los derechos esenciales, el Estado de opinión es un estado de emotividad de las mayorías que ciegamente confían en los postulados y decisiones del gobierno de turno, sin importar que estas decisiones pongan fin a los valores democráticos y la garantía de un Estado de Derecho. La filosofía del Estado de opinión es aquella vieja de que la voz del pueblo es la voz de Dios; ojalá, pero no; la voz del pueblo no siempre es la voz de Dios, la voz del pueblo en el siglo 21 es la voz de los medios de comunicación y de los grupos de presión que puedan influenciar las decisiones de gobierno.
El Estado de opinión es Chávez cuando cierra los canales y estatiza empresas, o persigue opositores. El Estado de opinión es Colombia, donde un gobierno que rescató al país de la violencia generalizada mandara al traste a la democracia con el ánimo de perpetuarse en el poder. El Estado de opinión es aquel en el que millones votan en las urnas, más monopolizados por los medios u obnubilados por familias en acción, así después bajen al infierno con una sonrisa en los labios.
El Estado de opinión es la voz de la mayoría, que, para tragedia de los demócratas sinceros, no coincide siempre con el sentido supremo de la democracia.
MARY ANASTASIA O'GRADY The Wall Street Journal 30 - 06 - 09
Hugo Chávez's coalition-building efforts suffered a setback yesterday when the Honduran military sent its president packing for abusing the nation's constitution.
It seems that President Mel Zelaya miscalculated when he tried to emulate the success of his good friend Hugo in reshaping the Honduran Constitution to his liking.
But Honduras is not out of the Venezuelan woods yet. Yesterday the Central American country was being pressured to restore the authoritarian Mr. Zelaya by the likes of Fidel Castro, Daniel Ortega, Hillary Clinton and, of course, Hugo himself. The Organization of American States, having ignored Mr. Zelaya's abuses, also wants him back in power. It will be a miracle if Honduran patriots can hold their ground.
That Mr. Zelaya acted as if he were above the law, there is no doubt. While Honduran law allows for a constitutional rewrite, the power to open that door does not lie with the president. A constituent assembly can only be called through a national referendum approved by its Congress.
But Mr. Zelaya declared the vote on his own and had Mr. Chávez ship him the necessary ballots from Venezuela. The Supreme Court ruled his referendum unconstitutional, and it instructed the military not to carry out the logistics of the vote as it normally would do.
The top military commander, Gen. Romeo Vásquez Velásquez, told the president that he would have to comply. Mr. Zelaya promptly fired him. The Supreme Court ordered him reinstated. Mr. Zelaya refused.
Calculating that some critical mass of Hondurans would take his side, the president decided he would run the referendum himself. So on Thursday he led a mob that broke into the military installation where the ballots from Venezuela were being stored and then had his supporters distribute them in defiance of the Supreme Court's order.
The attorney general had already made clear that the referendum was illegal, and he further announced that he would prosecute anyone involved in carrying it out. Yesterday, Mr. Zelaya was arrested by the military and is now in exile in Costa Rica.
It remains to be seen what Mr. Zelaya's next move will be. It's not surprising that chavistas throughout the region are claiming that he was victim of a military coup. They want to hide the fact that the military was acting on a court order to defend the rule of law and the constitution, and that the Congress asserted itself for that purpose, too.
Mrs. Clinton has piled on as well. Yesterday she accused Honduras of violating "the precepts of the Interamerican Democratic Charter" and said it "should be condemned by all." Fidel Castro did just that. Mr. Chávez pledged to overthrow the new government.
Honduras is fighting back by strictly following the constitution. The Honduran Congress met in emergency session yesterday and designated its president as the interim executive as stipulated in Honduran law. It also said that presidential elections set for November will go forward. The Supreme Court later said that the military acted on its orders. It also said that when Mr. Zelaya realized that he was going to be prosecuted for his illegal behavior, he agreed to an offer to resign in exchange for safe passage out of the country. Mr. Zelaya denies it.
Many Hondurans are going to be celebrating Mr. Zelaya's foreign excursion. Street protests against his heavy-handed tactics had already begun last week. On Friday a large number of military reservists took their turn. "We won't go backwards," one sign said. "We want to live in peace, freedom and development."
Besides opposition from the Congress, the Supreme Court, the electoral tribunal and the attorney general, the president had also become persona non grata with the Catholic Church and numerous evangelical church leaders. On Thursday evening his own party in Congress sponsored a resolution to investigate whether he is mentally unfit to remain in office.
For Hondurans who still remember military dictatorship, Mr. Zelaya also has another strike against him: He keeps rotten company. Earlier this month he hosted an OAS general assembly and led the effort, along side OAS Secretary General José Miguel Insulza, to bring Cuba back into the supposedly democratic organization.
The OAS response is no surprise. Former Argentine Ambassador to the U.N. Emilio Cárdenas told me on Saturday that he was concerned that "the OAS under Insulza has not taken seriously the so-called 'democratic charter.' It seems to believe that only military 'coups' can challenge democracy. The truth is that democracy can be challenged from within, as the experiences of Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, and now Honduras, prove." A less-kind interpretation of Mr. Insulza's judgment is that he doesn't mind the Chávez-style coup.
The struggle against chavismo has never been about left-right politics. It is about defending the independence of institutions that keep presidents from becoming dictators. This crisis clearly delineates the problem. In failing to come to the aid of checks and balances, Mrs. Clinton and Mr. Insulza expose their true colors.
(Especial para Infolatam).- "... Si la oposición se une en torno a la defensa de las instituciones democráticas y contra el personalismo, distanciándose de las prácticas que otrora causaron la crisis del sistema de partidos en su país, entonces Chávez enfrentará una formidable oposición y el fin de su polémico periodo en el poder será más cercano.
Pero mientras la oposición se mantenga desunida, privilegie los personalismos y no entienda que su fortaleza radica en defender las instituciones democráticas, difícilmente podrá derrotar a Chávez".
La incapacidad de la oposición política de levantar alternativas atractivas, creíbles y electoralmente viables es una de las más importantes-y a menudo ignoradas-razones que explican el éxito y la permanencia en el poder de los presidentes populistas en varios países de América latina.
Evo Morales con hojas de cocaParece ser parte de la sabiduría convencional latinoamericana que la crisis de los partidos políticos explica la irrupción de líderes populistas que llegan a la presidencia a implementar políticas económicas que prometen redistribución pero que son inviables e insostenibles en el largo plazo. Líderes como Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa entraron con tanta fuerza a la arena política en Venezuela, Bolivia y Ecuador producto de la deslegitimación de los líderes políticos tradicionales y de los partidos sobre los que se había sostenido la estabilidad y -gobernabilidad, por muy precaria que hubiera sido.
Por eso, la irrupción del populismo debe ser entendida mucho más como un síntoma que como la causa de un problema. No es que la llegada de Chávez gatillara una crisis en el sistema de partido. Chávez llegó al poder porque había una crisis del sistema de partido. Lo mismo explica la irrupción de Morales y su partido MAS en Bolivia y de la rápida y fulminante aparición de Rafael Correa y su muy personalista partido Alianza País.
Es verdad que en otros países, similares crisis de representación partidista terminaron en la irrupción de líderes y partidos que ayudaron a fortalecer el sistema antes existente. El camino que tomó Chávez no era inevitable. Lula y el PT le hicieron mucho bien al sistema político de Brasil. La aparición de Bachelet en Chile permitió -al menos temporalmente- la renovación del liderazgo en la Concertación y así logró evitar la irrupción de liderazgos populistas en ese país. Incluso la llegada y consolidación en el poder de Álvaro Uribe en Colombia se explica por la crisis del sistema bipartidista que existía en ese país.
Chávez entendió que el radicalismo extremo no le convieneEn ese sentido, Uribe puede ser comparado a Chávez en su afán por concentrar poder en sus propias manos y en su interés por perpetuarse en la presidencia alegando la necesidad de que el país mantenga el buen rumbo. Si bien difieren en las políticas económicas implementadas, Uribe, Chávez y Correa comparten la preferencia por concentrar el poder en la presidencia y personalizar el sistema política, evitando el fortalecimiento de partidos políticos fuertes, transparentes y con procedimientos democráticos internos competitivos. Uribe por cierto puede dejar en claro sus diferencias con Chávez respecto a la valoración de las instituciones democráticas si opta por no buscar un tercer periodo presidencial en 2010.
El éxito de esas estrategias de concentración de poder en las manos del presidente no es sólo mérito de los líderes populistas. La oposición política en cada uno de esos países ha contribuido con su ineptitud para ofrecer alternativas atractivas, creíbles y electoralmente viables que promuevan la consolidación de las instituciones democráticas y rechacen el autoritarismo personalista que privilegian los presidentes en ejercicio.
En las recientes elecciones presidenciales en Ecuador, la victoria de Rafael Correa fue magnificada por el hecho que la oposición se presentó fraccionada. Si bien más del 45% de la población voto contra Correa, la dispersión de ese voto entre distintos candidatos de oposición evitó que Correa enfrentara un candidato con reales posibilidades de disputarle la victoria. De la misma forma, en las elecciones que se celebrarán en Bolivia en diciembre, la oposición se presentará dividida contra Evo Morales. Rafael Correa
Por más que la aprobación de Morales haya bajado y su gobierno enfrente problemas de corrupción, ineficiencia y falta de gobernabilidad, la oposición parece ofrecer aún menos gobernabilidad. Hasta ahora, los ex presidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas han especulado con la posibilidad de ser candidatos. Las encuestas muestran que ninguno de ellos logra superar el 10% de los votos, pero si se suma la intención de voto de todos los posibles opositores a Morales, la potencial coalición de oposición se acerca al 40%, número similar al que actualmente tiene Morales en intención de voto.
Pero para poder construir una oposición creíble, estos líderes deben ser capaces de demostrar que pueden poner sus diferencias de lado y construir una plataforma de unidad que demuestre su capacidad de ofrecer gobernabilidad y demuestre que ellos, a diferencia del presidente actualmente en el poder, sí pueden gobernar promoviendo el entendimiento y el diálogo por sobre la confrontación y el divisionismo. La experiencia reciente de Ecuador y lo que probablemente ocurra en Bolivia de cara a las elecciones presidenciales de diciembre debiera servir de lección para la oposición en Venezuela. La fortaleza electoral de Chávez se construye, en buena medida, a partir de la incapacidad de la oposición para articular una alternativa creíble y atractiva al gobierno.
Si la oposición se une en torno a la defensa de las instituciones democráticas y contra el personalismo, distanciándose de las prácticas que otrora causaron la crisis del sistema de partidos en su país, entonces Chávez enfrentará una formidable oposición y el fin de su polémico periodo en el poder será más cercano. Pero mientras la oposición se mantenga desunida, privilegie los personalismos y no entienda que su fortaleza radica en defender las instituciones democráticas, difícilmente podrá derrotar a Chávez.
Mientras no se combatan las causas que provocaron la irrupción de líderes populistas, esos países seguirán sufriendo los síntomas de tener líderes personalistas que concentren el poder.
¿Qué sucede cuando una suma de hechos meramente coyunturales se transforma en cambios estructurales? Justamente de esto estamos hablando cuando leemos las declaraciones de Evo Morales, pero sobre todo, cuando mantenemos un seguimiento de lo que ha sido su postura hacia Chile y su vecino peruano. Hechos que parecían desconectados entre sí, hoy se han cristalizado en lo que parece ser un cambio estructural en la postura exterior vecinal boliviana, tanto hacia Chile como Perú.
Evo parecer estar consciente que, para el electorado chileno, la percepción de pérdida de siquiera un metro cuadrado de territorio en favor de Perú podría lapidar su acceso al Océano Pacífico. Lo anterior posee una lógica política clara: la población chilena no aceptaría transformar la agenda de 13 puntos en un acuerdo que termine por ceder una salida al mar a Bolivia. “Perder” nuevamente territorios sería prohibitivo para Chile. Intolerable, incluso, si esto significa retrotraernos a los peores momentos de nuestras relaciones con el Palacio Quemado boliviano.
Por otro lado. Evo parece también estar consciente que ante el escenario anterior, el “precio territorial” que Bolivia debería pagar a Chile a cambio de un enclave boliviano en el norte de nuestro país sería mayor. ¿Por qué no hablar de palabras mayores como el intercambio de territorios entre un enclave soberano en favor del vecino boliviano a cambio de lo que llamo un “enclave energético” en el sur de Bolivia, léase Tarija o santa Cruz de la Sierra? Parece política ficción, pero tiene más aires de un ejercicio de escenarios, altamente plausible de ser explorado.
Peor aún para Evo Morales si la pretensión marítima peruana ante La Haya es descartada por dicho tribunal. La respuesta peruana sería durísima, haciendo validar lo que ellos consideran el “vinculo de soberanía” que mantendrían sobre territorio ariqueño. Negar pan y agua a la dirigencia masista, descartando de plano, bajo la lógica de una política de represalias políticas, toda cesión de una franja territorial a Bolivia. Por estas razones Evo Morales apuesta el todo por el todo en favor de Chile. La demanda ante La Haya peruana solidifica la postura oficiosa y sistemática peruana en orden a buscar mantener en forma permanente el enclaustramiento boliviano, alimentando con ello, una animosidad historica hacia Chile por parte de dicho país. Hoy eso ya está dejando de aplicarse.
Pero, aterricemos en el fondo de las declaraciones emitidas por el mandatario boliviano. Las palabras y las acciones de Evo Morales hacia Chile y Perú hablan de una transformación del mapa geopolítico subregional, en específico del mapa de la costa sur del Pacífico sudamericano.
Junto al acercamiento chileno-boliviano, que digámoslo, tiene un carácter eminentemente instrumental y utilitario dadas las diferencias en cuanto a la naturaleza ideológica de ambos gobiernos y Estados, estamos presenciando que la identificación del Perú y su gobierno como fuente de animosidad boliviana crece día a día. No es por nada que Torre Tagle acogió a los bolivianos “orientales” perseguidos por la justicia de dicho país: el régimen de Alan García necesita mantener una presencia en Bolivia, y ¿por qué no hacerlo en el espacio “oriental” boliviano, aquel que predica las misma lógica económica liberal que ellos?
Más allá de lo anterior, queda claro que el asilamiento geopolítico del Perú está tomando forma. Se cristaliza. Tácticamente hablando, el Perú podría obtener una victoria ante La Haya, pero desde el punto de vista estratégico, se acerca a una derrota política que marcará su posicionamiento vecinal y regional en forma negativa.
El Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia de 1873, el que marcó y simbolizó una alianza duradera de casi 135 años entre ambos países, está llegando a su fin.
Geopolíticamente hablando, el Perú y su clase política perdieron la oportunidad histórica en cuanto a contribuir a estructurar un eje liberal entre ellos, Colombia y Chile. En este sentido, no podía existir mejor momento y las mejores condiciones para que la agenda de futuro ofrecida por Chile a Torre Tagle terminara por sentar las bases para un cambio, esta vez estructural en el posicionamiento y en la percepción política entre ambos países.
Utilizar la simetría ideologica entre ambos gobiernos para generar una asociación estratégica que desembocara en todos los aspectos de la vida social, política y económica chileno-peruana. En cambio, Perú eligió mantener la lógica de la rivalidad con Chile, esta vez no solo en el plano económico, sino que también en el ámbito territorial, político y militar. Una elección que, desgraciadamente, nos mantiene en un terreno conocido: cis vis pacem, para bellum.
Hillary Rodham Clinton (U.S. secretary of state) Miami Herald 01/06/09
The inauguration of a new president in El Salvador today is a testament to the strength and durability of democracy throughout the Americas. Since Mauricio Funes' election earlier this year, we have witnessed a peaceful transfer of power between two formerly warring parties. Elsewhere in the Western Hemisphere, democratic elections and free market economies have become the norm over the past 15 years. These developments speak to the dynamism of our region and its potential to assert greater global leadership in the 21st century.
Yet as we celebrate this progress, we should also acknowledge what President Obama has called ''a critical moment for the people of the Americas.'' To tap into the full potential of people throughout our region, we now seek to build on gains at the ballot box and ensure that democracy and open markets deliver -- bringing greater opportunities and material benefits to people at all levels of society.
The urgency of this task is made more so by the global economic recession. In our region, the income gap continues to widen; too few girls and boys finish their educations; women, rural farmers, Afro-descendants and indigenous people remain trapped on the bottom rung of economic and social ladders with too few opportunities to move up.
Today in El Salvador, I am joining other leaders from around the world in celebrating the historic inauguration of President-elect Funes and the promise of democracy to transform people's lives. I have also joined ministers from more than a dozen countries in the Western Hemisphere to make good on the president's and my commitment to re-launch Pathways to Prosperity, a multilateral initiative to promote shared prosperity throughout the Americas. The president and I hope to harness and expand this initiative to spread the benefits of economic recovery, growth and open markets to reach the most vulnerable and marginalized in societies across the region.
This is a matter of shared responsibility. The nations of our region are connected by geography, history, culture, politics and economics. And while that interconnectedness has produced greater prosperity for some of us -- including the United States -- we are keenly aware that our hemisphere's economic progress will stall if the poor get poorer and the middle-class shrinks, or if historically disenfranchised groups remain isolated from national, regional and hemispheric markets. To paraphrase an old saying: When the tide rises, it should lift all boats.
Every nation in our hemisphere shares responsibility for assuring this progress -- and for moving beyond rhetoric to results.
Together, we can provide opportunities for education and training that people need to compete and control their own economic destinies. That is true in the United States; it is true throughout the Americas. Foreign-language training is an especially powerful tool that opens doors and ties people together across borders and markets.
We can work together to provide access to credit and streamline regulations to help entrepreneurs launch and expand small businesses.
Training and supporting new business leaders, including women and minority entrepreneurs, will spur wider growth and create new jobs.
We can forge new partnerships that bring together governments, businesses, sub-regional institutions, diaspora communities and other stakeholders to harness untapped resources and talent.
And we can make investments in clean energy that offer the prospect of new jobs and new opportunities throughout the region, just as they do at home.
Trade that is free and fair and coupled with greater inclusion benefits us all.
The United States is committed to being a full and equal partner in the Americas. At the same time, we recognize that a ''one size fits all'' approach does not match the realities of these times or the world in which we live. And we recognize that we won't always agree on every issue. But differences of opinion and perspective are no excuse for failing to strengthen our partnerships in areas of common concern so that we can build a future of shared prosperity and progress. So let's join together and get to work.
En su entrevista de ayer, Evo Morales dice, rotundo, lo que sus diplomáticos sólo decían con susurros: "La demanda (del Perú en La Haya) tiene como objetivo perjudicar a Chile y Bolivia en sus negociaciones".
Es la réplica de la dura afirmación de Alan García, según la cual Morales ya no estaría interesado en una salida al mar. De paso, muestra un nuevo diseño estratégico respecto a dicha aspiración marítima, que ya no pivotea sobre el supuesto bilateralismo consagrado en el tratado de 1929. Este, más bien, levantaba la amistad chileno-peruana sobre la "exclusión" de Bolivia.
Si este alejamiento de Bolivia no fue previsto por los expertos de Torre Tagle, significa que esa acreditada Cancillería también comete errores graves. Si lo fue, significa que esos expertos asumieron una asesoría temeraria desde 1986, año en que el diplomático Juan Miguel Bákula oficializó la pretensión peruana ante el gobierno chileno. Como resultado, Ecuador y Bolivia -además de Chile- hoy están directamente interesados en la mantención del statu quo. Incidentalmente, esto explica la extraña reacción de Bákula cuando este columnista dijo, en 2007, el secreto de Polichinela de la implicancia boliviana.
En un libro de 2008, dicho actor supuso aviesas intenciones al analista, diciendo que se trataba de "una extraña interpretación (…) teledirigida desde otros miradores" y orientada a descalificar su gestión personal. Asumía que a García no se le había pasado tal conexión por la cabeza.
Los hechos indican que Chile dejó de ser el exclusivo responsable de la mediterraneidad boliviana, pues los obstáculos reales los ha venido colocando -según Morales- la "permanente agresión" de García. Más que un sinceramiento sobre la trilateralidad del tema, esto es un traslado de culpas, que induce un vuelco histórico en el sistema geopolítico. Un éxito en diferido de aquella "política boliviana" de Chile que descansaba sobre la negociabilidad de Tacna y Arica. En esa línea, Bolivia desistiría de internacionalizar su tema y no pondría el énfasis en los traspasos de soberanía.
Aquí es donde Chile necesita políticas que sinteticen las grandes líneas de la Política y la Estrategia, pues plegarse al diseño de Morales sería asumir que la amistad de Bolivia puede equilibrar la enemistad del Perú.
Antonio Minzoni Catedrático de la UNAM El Universal - Mexico 01/06/09
En un mundo, el de los ricos, todavía envuelto en una crisis financiera en cuyo muy largo túnel no se nota ninguna lucecita verde y a la cual se ha agregado una contingencia sanitaria, la de la influenza humana, la cual todavía sigue con sus síntomas de vitalidad, la Unasur sigue dando sus pasos firmes hacia la integración de América Latina.
Los 12 países de Unasur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, iniciaron el movimiento de integración en septiembre de 2000 en la cumbre de Brasilia, Brasil, en un marco democrático con el fin de coordinar el combate regional contra el narcotráfico y, lo más importante, crear la unidad sudamericana en defensa de los intereses de los pueblos y crear los Estados Unidos de Sudamérica.
Los años no han pasado en balde, el compromiso de la integración se está consolidando dentro y fuera de la región; se creó un Consejo Regional de Defensa y el Banco del Sur. A finales de 2008, el presidente ruso visitó algunos países de la región; en febrero de este año el presidente de Bolivia visitó a su colega ruso, y durante las conversaciones que sostuvieron los dos mandatarios, éste ofreció ser parte de la reconstrucción de Bolivia, agregando que se aumentará sensiblemente el intercambio comercial entre los dos países, que hoy es de unos 6 millones de dólares.
La reciente (15 de mayo pasado) visita a Buenos Aires, Argentina, del presidente de Venezuela a la mandataria de ese país ha significado un fuerte impulso hacia la integración de los países de América Latina.
Según la mandataria argentina, la próxima Cumbre de Unasur tendrá verificativo en los primeros días de julio en Santiago de Chile, y en la misma, después de la crisis originada por Estados Unidos por varias razones como ya comentado en su momento en estos espacios, es necesario pensar en la integración como un objetivo estratégico y abordar a fondo los problemas económicos de la región.
Durante las conversaciones se propuso la creación de un fondo financiero para reforzar el existente Banco del Sur, al cual podrán recurrir con iguales derechos los 12 de la comunidad, en caso de necesidad; al final volvió a discusión la formación de una moneda única al estilo de la Comunidad Económica Europea.
Cabe recordar que la semilla de Unasur ha sido el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay hace más de tres quinquenios. La semilla dio sus frutos, un alejamiento de la política un tanto opresiva de Estados Unidos que tuvo un primer reencuentro con los mandatarios de la región durante la reciente Cumbre de Las Américas.
Y entre las noticias un tanto sensacionales hoy al visualizarse esta crisis, de carácter diferente, con amenazas bélicas, la atómica después de la presencia en el sector de las bombas del mismo nombre por parte de Corea del Norte, llega una noticia según la cual Venezuela y Bolivia venderían uranio a Irán. Habrá que confirmarlo.
Algunos indicadores. Población: unos 370 millones. Brasil tiene 49% de esa cantidad, un PIB total que frisa los mil 700 billones de dólares con un promedio per cápita superior a los 4 mil 600 dólares.
Reservas internacionales sobre los 300 billones de dólares; coeficientes inflacionarios que oscilan entre 4% y 18%; aumentos en el PIB entre 5% y 14%; balanza comercial de los cuatro países más importantes de la comunidad; positivas entre 14 y 27 billones de dólares; otros índices favorables.
La población total dispersada en más de 18 millones de kilómetros cuadrados y Unasur planeada en Brasilia como mencionado, se concretó el 8 de diciembre de 2004 en Cuzco, Perú; ejemplo moderno de una comunidad que quiere demostrar su identidad en el mundo de los grandes pero sin apartarse de esa comunidad con la cual hay un intercambio comercial de un continuo crecimiento.
Terminaré con una reflexión: los pequeños también empiezan a contar en el nuevo orden económico-financiero que se está buscando en el mundo.
Guillermo O´Donnell La Nación - Bs. Aires 28/05/2009
Hace unos 15 años, al tratar de entender los gobiernos de Menem; de Collor, en Brasil, y la primera presidencia de Alan García, en Perú, argumenté que estaba surgiendo un nuevo tipo de democracia, a la que llamé delegativa para diferenciarla de la que está ampliamente estudiada: la democracia representativa. Se trata de una concepción y una práctica del poder político que es democrática porque surge de elecciones razonablemente libres y competitivas; también lo es porque mantiene, aunque a veces a regañadientes, ciertas importantes libertades, como las de expresión, asociación, reunión y acceso a medios de información no censurados por el Estado o monopolizados.
Este tipo de democracia, como la que vive hoy la Argentina, tiene sus riesgos: los líderes delegativos suelen pasar, rápidamente, de una alta popularidad a una generalizada impopularidad.
Los líderes delegativos suelen surgir de una profunda crisis, pero no toda crisis produce democracias delegativas; para ello también hacen falta líderes portadores de esa concepción y sectores de opinión pública que la compartan. La esencia de esa concepción es que quienes son elegidos creen tener el derecho ?y la obligación? de decidir como mejor les parezca qué es bueno para el país, sujetos sólo al juicio de los votantes en las siguientes elecciones. Creen que éstos les delegan plenamente esa autoridad durante ese lapso. Dado esto, todo tipo de control institucional es considerado una injustificada traba; por eso los líderes delegativos intentan subordinar, suprimir o cooptar esas instituciones.
Estos líderes a veces fracasan de entrada (Collor en Brasil), pero otras logran superar la crisis, o al menos sus aspectos más notorios. En la medida que superan la crisis logran amplios apoyos. Son sus momentos de gloria: no sólo pueden y deben decidir como les parece; ahora ese apoyo les demuestra, y debería demostrar a todos, que ellos son quienes realmente saben qué hacer con el país. Respaldados en sus éxitos, los líderes delegativos avanzan entonces en su propósito de suprimir, doblegar o neutralizar las instituciones que pueden controlarlos.
Aquí se bifurcan las historias de estos presidentes. Algunos de ellos, como Kirchner (y Menem en su momento), tuvieron la gran ventaja de lograr mayoría en el Congreso. Sus seguidores en este ámbito repiten escrupulosamente el discurso delegativo: ya que el presidente ha sido electo libremente, ellos tienen el deber de acompañar a libro cerrado los proyectos que les envía "el Gobierno". Olvidan que, según la Constitución, el Congreso no es menos gobierno que el Ejecutivo; producen entonces la mayor abdicación posible de una legislatura, conferir (y renovar repetidamente) facultades extraordinarias al Ejecutivo.
En cuanto al Poder Judicial (en el caso nuestro, a contrapelo de buenas decisiones iniciales en la designación de miembros de la Suprema Corte y reducción de su número), se van apretando controles sobre temas tales como el presupuesto de esa institución y, crucialmente, las designaciones y promociones de jueces. Asimismo, con relación a las instituciones estatales de accountability (rendición de cuentas), auditorías, fiscalías, defensores del pueblo y semejantes, se apunta a capturarlas con leales seguidores del presidente, al tiempo que se cercenan sus atribuciones y presupuestos. Todo esto ocurre con entera lógica: para esta concepción supermayoritaria e hiperpresidencialista del poder político, no es aceptable que existan interferencias a la libre voluntad del líder.
Por momentos, el líder delegativo parece todopoderoso. Pero choca con poderes económicos y sociales con los que, ya que ha renunciado en todos los planos a tratamientos institucionalizados, se maneja con relaciones informales. Ellas producen una aguda falta de transparencia, recurrente discrecionalidad y abundantes sospechas de corrupción.
En verdad, ese líder no puede tener verdaderos aliados. Por un lado, tiene que lidiar con los nunca confiables señores territoriales. Ellos deben proveer votos, así como un control de sus territorios que, sin importarle demasiado al líder cómo, no genere crisis nacionales. Por supuesto, los gobernadores (no pocos de ellos también delegativos, si no abiertamente autoritarios) pasan por esto facturas cuyo monto depende del cambiante poder del presidente; así se pone en recurrente y nunca finalmente resuelta cuestión la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.
En cuanto a los colaboradores directos de estos líderes, ellos tampoco son verdaderos aliados. Deben ser obedientes seguidores que no pueden adquirir peso político propio, anatema para el poder supremo del líder. Tampoco tiene en realidad ministros, ya que ello implicaría un grado de autonomía e interrelación entre ellos que es, por la misma razón, inaceptable.
Asimismo, el líder suele necesitar el apoyo electoral de otros partidos políticos, algunos de los cuales se tientan con la posibilidad de beneficiarse de la popularidad de aquél. Pero estos partidos tampoco pueden ser verdaderos aliados; su a veces ostensible oportunismo los hace poco confiables, y el propio hecho de que sean otros partidos muestra al líder que tampoco lo son para acompañarlo plenamente en su gran tarea de salvación nacional. Además, si fueran realmente tales aliados, el líder tendría que negociar con ellos importantes decisiones de gobierno, lo cual implicaría renunciar a la esencia de su concepción delegativa.
Los líderes delegativos inicialmente exitosos generan importantes cambios, algunos de ellos, en casos como el nuestro, de signo e impactos positivos. Pero por eso mismo van apareciendo nuevas demandas y expectativas, junto con el resurgimiento de antiguos problemas. La complejidad de los temas resultantes exigiría tomar complejas decisiones; pero ellas sólo son posibles con participación de sectores sociales y políticos que sólo pueden hacerlo ejerciendo una autonomía que el líder delegativo no está dispuesto a reconocerles.
De esta manera, los líderes se van encerrando en un estrecho grupo de colaboradores, que quedan cada vez más atados al supremo valor de la "lealtad" al líder. A su vez, quienes en el Estado y desde el llano apoyan desinteresadamente al líder comienzan a dar señales de desconcierto y preocupación. Comienzan a resentir que sólo se los convoque para aclamar las decisiones del Gobierno. Es típico de estos casos que a períodos iniciales de alta popularidad suceden abruptas caídas y, con ello, una cascada de "deserciones" de quienes hasta hacía poco proclamaban incondicional lealtad al líder.
Cuando aparece la crisis de estos gobiernos, el país se encuentra con debilidades institucionales que el líder delegativo se ha ocupado de acentuar. Entonces, los señores territoriales empiezan a tomar distancia de ese líder. Por su parte, los partidos que creyeron ser aliados y descubren que sólo podían ser subordinados instrumentos, comienzan a recorrer un complicado camino de Damasco hacia otras latitudes políticas.
Desde su creciente aislamiento, el líder reprocha la "ingratitud" de quienes, luego de haberlo aplaudido, ahora resienten la reemergencia de graves problemas y las maneras abruptas e inconsultas con que intenta encararlos (si no negarlos como malicioso invento de condenables intereses expresados en los nunca tan molestos medios de comunicación). Este es un estilo de gobernar que corresponde rigurosamente a la constitutiva vocación antiinstitucional de la democracia delegativa.
De hecho, el líder tiende a adoptar un mecanismo psicológico bien estudiado, típico de estas situaciones: no logra distinguir caminos alternativos y se aferra a seguir haciendo lo mismo y de la misma manera que no hace mucho funcionó razonablemente bien. A esta altura de los acontecimientos, otros líderes delegativos se encontraron huérfanos de todo apoyo organizado. En cambio, entre nosotros, el matrimonio presidencial tiene la ventaja de contar con parte del Partido Justicialista; pero, mostrando la raigambre de sus visiones, éste es manejado con la misma discrecionalidad que su gobierno.
A medida que avanza la crisis, el líder apela al apoyo de los verdaderos "leales" y arroja al campo del mal no ya sólo a los eternos herejes de la causa nacional, sino también a los "tibios". El líder ya no vacila en proclamar que el principal contenido de toda la oposición es ser la antipatria, de las que nos quiere salvar. La imagen asustadora del retorno a la crisis de la que nació su gobierno -el caos- aparece en su discurso. En cuanto a la oposición, tiende a aglomerar, entre otros, a sectores sociales y actores políticos que aquél justificadamente criticó. De allí resultan incómodas compañías, intentos de diferenciación y apuestas en pro y en contra de la polarización que impulsa el líder delegativo.
Entonces también surge uno de los riesgos de la democracia delegativa: en respuesta a la crispación que produce a su líder la para él/ella injustificable aparición de aquellas oposiciones, le tienta amputar o acotar seriamente las libertades cuya vigencia la mantienen en la categoría de democrática. Que este riesgo no es baladí se muestra en el desemboque autoritario de Fujimori en Perú y de Putin en Rusia, y en el similar desemboque hacia el que hoy Chávez empuja a Venezuela. Felizmente, la Argentina no tiene las condiciones propicias para ese desenlace, pero no es ocioso recordar que la democracia también puede morir lentamente, no ya por abruptos golpes militares sino mediante una sucesión de medidas, poco espectaculares pero acumulativamente letales.
En la lógica delegativa, las elecciones no son el episodio normal de una democracia representativa, en las que se juegan cambios de rumbo pero no la suerte de gestas de salvación nacional. Para una democracia delegativa, hasta las elecciones parlamentarias adquieren auténtico dramatismo: de su resultado se cree que depende impedir el surgimiento de poderes que abortarían esa gesta y devolverían el país a la gran crisis precedente. Hay que jugar todo contra esta posibilidad porque, para esta concepción, todo está realmente en juego. Es importante entender que estos argumentos no son sólo recursos electorales; expresan auténticos sentimientos.
La repetición de estos episodios no es casual; obedece al despliegue de una manera de concebir y ejercer el poder que se niega a aceptar los mecanismos institucionales, los controles, los debates pluralistas y las alianzas políticas y sociales que son el corazón de una democracia representativa. En el transcurso de su crisis, cuando acentúa su discurso polarizante y amedrentador, esta manera de ejercer el poder recibe apoyos cada vez más escasos y endebles, al tiempo que acumula enojos de los poderes e instituciones, políticos y sociales, que ha ido agrediendo, despreciando y/o intentando someter. El período de crisis de las democracias delegativas es de gran aceleración de los tiempos de la política; no deja de ser paradójico, aunque entendible dentro de esta concepción, que sea el líder delegativo quien más contribuye a esa aceleración -como todo le parece en juego, casi todo pasa a ser permitido-.
Con estas reflexiones expreso una honda preocupación. Estoy persuadido de que el futuro de nuestro país depende de avanzar hacia una democracia representativa. No sé si será posible moverse de inmediato en esa dirección. Esta duda se refiere a un Poder Ejecutivo que parece poco dispuesto a reconducir su gestión. También incluye una oposición que contiene importantes franjas que han demostrado compartir estas mismas concepciones y prácticas delegativas, y no es seguro que las abandonen si triunfan en estas y futuras elecciones. Queda abierta la gran cuestión -que algunas campañas electorales por cierto no despejan- de si el aprendizaje de los defectos y costos de la democracia delegativa se encarnará efectivamente en comportamientos y acuerdos que la superen.
Típicamente, los períodos de visible crisis del poder delegativo, recomponible o no, reencauzable o no, son de gran incertidumbre. Con ellos tendremos que vivir, sin perder la esperanza de que, aunque mediante oblicuos y ya largos caminos, nuestro país se encamine hacia una democracia representativa. Ella vale por sí misma; es también condición necesaria para ir dando solución a los múltiples problemas que nos aquejan.
El autor es profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.)
A proposito de la próxima visita de Hugo Chavéz a Chile...
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el concepto de Totalitarismo, como aquel "régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros partidos”. Cabe tener presente esta conceptualización a la luz del nuevo fenómeno de “democracia totalitaria” que se cierne sobre algunos países de la región.
Uno de los principios básicos de los regímenes democráticos (capitalistas) es que el poder político, es decir el derecho para gobernar, está sustentado sobre la base de un pacto entre aquellos que entregan parte de su libertad a cambio de seguridad. Este pacto se materializa y legitima gracias al principio del 50% + 1, o mayoría absoluta.
Las mayorías absolutas son las que finalmente gobiernan, pero deben hacerlo para todos, incluida esa minoría relativa que pierde. Incluso aquellos regímenes autocráticos que llegan por la vía de la fuerza saben que deben pasar por el test de la blancura: legitimar su poder por medio del principio de la mayoría absoluta. La estabilidad de su gobierno depende de ello.
No obstante lo anterior, digamos que la estabilidad del régimen pasa por tres formas de acción política sobre las masas. La primera, a través del uso de la fuerza directa o indirecta: un régimen del terror puede imponerse a fin de generar obediencia y sumisión. La segunda, a través de un régimen que alcanza el poder por la vía democrática, pero que adopta la lógica chavista: la democracia totalitaria se instala, con la dictadura de la mayoría absoluta del electorado. La tercera y última, a través de la vía bolivariana de accesión al poder, pero a lo que debemos agregar, la desfragmentación de la minoría relativa, evitando con ello la reorganización de este segmento del electorado, utilizando para ello, una política sistemática de persecución de los liderazgos de Oposición. Rosales es un claro ejemplo de ello.
No podríamos comprender lo anterior en ausencia de un factor central: las nuevas formas que las fuerzas Opositoras a los regímenes bolivarianos están adoptando. Si antes estas fuerzas estaban diseminadas en el espacio nacional, ahora han adoptado la lógica de Fuerzas Opositoras Territoriales. En otras palabras, la Oposición se aglutina en torno y en función de espacios territoriales delimitados y claramente definidos. Liderazgos de corte nacionalistas y casi caudillistas emergen. El espacio territorial de Zulia, al noroeste de Venezuela, por ejemplo aglutinó a la oposición de Manuel Rosales, actualmente asilado en Perú. Lo mismo ocurre con Guayaquil, y su alcalde, José Nebot. Una nueva forma de oposición, la territorial está surgiendo. Mucho más fácil de desarticular al ser de naturaleza personalista y delimitada territorialmente. Lo anterior es posible por la concentración geográfica de las elites económicas. La polarización natural que despiertan los regímenes bolivarianos en los sistemas políticos genera esta reacción, que pueden incluso despertar sentimientos nacionalistas y secesionistas.
Señalemoslo, el bolivarianismo desarrolló una nueva forma de legitimarse.Referendos y elecciones son sus principales instrumentos de acción. La lógica de una democracia referendistase impone, lenta pero progresivamente. El movimiento “bolivariano” está consciente que necesita sustentar el régimen sobre la base de una nueva legitimidad. Para ellos, los bolivarianos, la democracia con apellido “capitalista” es por esencia “ilegitima”. Los principios que sustentan ideológicamente el Socialismo del Siglo XXI así lo indican, por lo que deben refundar todo el sistema político. Por esta razón, el Gobierno venezolano ha sido cuestionado recientemente en cuanto al tipo y naturaleza de la “democracia” que está edificando. La democracia representativa venezolana no respondería a los 13 estándares que definen a este modelo de gobierno según la Carta Democrática Interamericana suscrita por los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). La razón anterior podría empujar al régimen chavista venezolano a dejar la OEA y crear una organización alternativa.
Esta nueva forma de comprender la democracia por parte del bolivarianismo nos indica que un fenómeno sacude los cimientos de estos regímenes: los gobiernos de mayorías absolutas están gobernando en contra y no con las minorías relativas que quedan. Pero más allá de esta constatación es que existen fenómenos que le son anexos y que tienen el poder de alterar incluso el concepto de democracia tradicional. El arribo del movimiento bolivariano y del chavismo al espacio sudamericano ha traído consigo nuevos procesos políticos, entre ellos, la lógica de lo que denomino como democracia totalitaria: el gobierno de la mayoría impone un cambio estructural de los sistemas políticos por medio de las refundaciones de los cimientos que sostienen las democracias tradicionales. Una característica central aparece: Todos los procesos de transformaciones institucionales son realizados por la vía y dentro del orden constitucional vigente, pero el resultante de dichos procesos refundacionales con claramente autoritarios.
En las democracias totalitarias un sistema de partido único de facto ve la luz; la separación de los poderes deja de existir, no en lo formal, pero si al exacerbarse la lógica presidencialista, frente a un poder legislativo débil o controlado totalmente por el régimen; la libertad de expresión es diezmada, etc…
En términos generales, el modelo de democracia totalitaria bolivariana al desechar los principios básicos que sustenta el “gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo”, parafraseando a Abraham Lincoln, está quedando al margen del sistema regional democrático. Contravienen a la Carta Democrática Interamericana y de paso, cristalizan la idea, según la cual, el totalitarismo está de vuelta en América latina.
Lo interesante y novedoso aquí es que Hugo Chávez hace lo que dice, y nos previene acerca de lo que hará. Es un hombre de palabra. Por primera vez el lobo no se viste con piel de oveja.
Los países progresan y se desarrollan en función de la calidad y solidez de sus instituciones. En cuanto a calidad, éstas deben estar diseñadas de modo que no creen incentivos perversos, que provoquen efectos opuestos a los buscados. Y en cuanto a solidez, su permanencia en el tiempo es lo que permite despejar parte de las incertidumbres del futuro, pues las personas pueden así tomar decisiones de largo plazo, por la confianza que esa permanencia inspira. En otras palabras, las reglas que la sociedad se dé deben estar en consonancia con la real naturaleza humana y ser estables.
Cuando se observa lo que ocurre en Latinoamérica en materia de institucionalidad presidencial, las conclusiones distan de ser alentadoras. Durante la década de 1990 varios países modificaron sus reglas de reelección presidencial, impulsados por los propios presidentes en ejercicio, con el expreso objetivo de beneficiarse a sí mismos. En Argentina, el Presidente Menem, tras un exitoso primer período, logró reformar la Constitución para poder reelegirse, lo que requirió cierto nivel de populismo, que finalmente repercutió en la calidad y la probidad de su segundo período, y fue la antesala de los problemas que desembocaron en la crisis de 2002. En Brasil, el Presidente Cardoso también modificó la Constitución, lo que demandó negociaciones que debilitaron su capacidad para gobernar en su segundo período, con perjuicio para el país. En Perú, el Presidente Fujimori fue más allá: tomó el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quiso reelegirse una tercera vez, y terminó renunciando por fax, desde Japón.
En esta década, el Presidente Chávez reformó la Constitución venezolana para poder reelegirse, y luego, después de dos intentos, logró que la reelección pueda ser indefinida. En Bolivia, el Presidente Morales muestra intenciones de avanzar en la misma dirección, y el Presidente Correa, de Ecuador, también modificó la Constitución, consiguió ser reelegido, y ahora busca que ella se interprete de modo que pueda serlo una vez más.
En un escenario más perturbador, porque no responde al mismo patrón ideológico, el Presidente Uribe, de Colombia, también procura modificar la Constitución para poder reelegirse, en un país que, pese a sus problemas internos, había logrado una estabilidad institucional —que iniciativas como ésta ponen en jaque.
Esta falta de madurez democrática que están demostrando varios países de Latinoamérica es preocupante. Estados Unidos, un ejemplo mundial de estabilidad institucional y de éxito económico, estableció su sistema de reelección sobre la base del ejemplo de su primer Presidente, George Washington, quien, teniendo la opción de reelegirse para un tercer período, renunció a ello, reconociendo el peligro que encerraba para el equilibrio de poderes. El único transgresor fue Franklin D. Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, quien fue elegido para un cuarto período y alcanzó a servirlo por sólo tres meses antes de fallecer. La lección fue aprendida y la Constitución se modificó para no permitir más de una reelección.
Nuestro país tiene un buen historial al respecto. Aunque se pueden discutir las ventajas de períodos de cuatro o seis años, y de impedir o permitir la reelección por una vez, lo importante es la continuidad de las reglas, que genere estabilidad institucional. Si la ciudadanía decide cambiarlas —lo cual es necesario en ciertas ocasiones—, eso nunca debería hacerse para favorecer a quien está en el gobierno, sino para el siguiente período. Eso evita suspicacias y permite sostener con veracidad que se busca el beneficio del país.
Si bien desde hace más de una década ambas naciones tenían un acuerdo para liberalizar el comercio, con este tratado se crea un mecanismo efectivo de solución de diferencias que obligará a los países a cumplir lo acordado. Además, se abren posibilidades de apertura en materia de servicios y se imponen reglas para las compras del Estado.
Pero tal vez lo más importante es que éste establece normas claras de protección de inversiones. La chilena cada vez está llegando en mayor cuantía y la firma del acuerdo la incentivará aún más. Esta es una buena noticia. Pero, nada es gratis. A partir de ahora, si un inversionista chileno considera que se vulneran sus derechos, podrá demandar al Estado colombiano ante un tribunal internacional.
Por eso es fundamental que los órganos del Estado sean cuidadosos y respeten las normas acordadas, para evitar tener que defenderse en un tribunal internacional, que además de ser costoso, puede condenar al Estado colombiano a pagar muy caro por sus actuaciones. Además, hay que preparar el grupo de abogados que defenderán los intereses del país en los procesos que puedan surgir. Claro que este comentario no es sólo para Chile. Hace unos meses entró en vigencia un tratado de inversiones con España y hay rumores sobre una posible demanda de una empresa española al Estado colombiano.
Qué viene ahora. Después del TLC con Chile se espera que entre en vigencia este año el TLC con Guatemala, Honduras y El Salvador. De otro lado, el Congreso está estudiando los tratados con Canadá y la EFTA. Y ya hay alguna esperanza frente al TLC con Estados Unidos. Si las cosas siguen así, en un par de años una avalancha de acuerdos comerciales regirán las relaciones de Colombia con el mundo. ¡A buena hora!
MIAMI.- Algunos senadores clave y varios líderes del exilio cubano han puesto el grito en el cielo por la intención de la Organización de Estados Americanos (OEA) de levantar la suspensión de Cuba, y posiblemente readmitir a la isla como miembro pleno. Pero tal vez deberían aceptar el debate gustosamente y revertirlo para aumentar la presión internacional sobre la dictadura militar cubana.
Primero, los hechos. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió repetidamente a la organización de 34 países que considerara la posibilidad de levantar la suspensión de Cuba, que se remonta al año 1962, en su Asamblea General del 2 de junio próximo, en Honduras, y permitir que los países miembros decidan luego si quieren readmitir a la isla en la institución.
En una entrevista reciente, Insulza me dijo que la resolución de la OEA de suspender a Cuba es obsoleta, porque se basó en los vínculos anteriores de ese país con el ex bloque soviético. Así, la OEA debería levantar la suspensión en la inminente reunión de Honduras e "iniciar una conversación" entre los países miembros para decidir la readmisión de Cuba, afirmó.
Estados Unidos ha dicho que se opone a la readmisión de Cuba en la OEA, porque la Carta Democrática del organismo, de 2001, requiere que los países miembros respeten los principios democráticos. La Habana alega que no quiere pertenecer a la OEA porque es un "instrumento del imperialismo" estadounidense.
Cualquier decisión de la organización sobre la readmisión de Cuba debe ser aprobada por consenso.
La semana pasada, el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del subcomité del Senado a cargo de la ayuda externa y una de las voces mas influyentes en Washington en materia de asuntos latinoamericanos, presentó una moción en el Senado que amenaza con cortar los fondos estadounidenses a la OEA si se autoriza a Cuba a volver a la organización. Esos fondos son el 60% del presupuesto de la institución.
"Todos debemos preguntarnos si debemos tomar en serio la Carta Democrática o si es un chiste", planteó Menéndez, en un discurso, el 14 de mayo último. "Si lo tomamos en serio, ¿cómo podemos invitar a un régimen que la repudia?"
De hecho, el artículo uno de la Carta Democrática de la OEA establece que los países miembros "tienen la obligación de promover y defender" la democracia. Más aún, el artículo 3 expresa que "los elementos esenciales de la democracia representativa" incluyen "el respeto por los derechos humanos", la celebración de "elecciones periódicas, libres y justas basadas en el voto secreto" y "un sistema pluralista de partidos políticos".
Según fuentes diplomáticas, hay tres propuestas diferentes para la reunión del 2 de junio:
La primera opción, presentada por Ecuador, Nicaragua y un pequeño grupo de países, pide que se levante la suspensión a Cuba.
La segunda opción, respaldada por Brasil, México, la Argentina, Chile, Colombia y casi todo el resto de los países latinoamericanos, propone levantar la suspensión de Cuba y simultáneamente someter al Consejo Permanente de la OEA el tema de si -de acuerdo con las reglamentaciones de la OEA- Cuba debería ser readmitida.
La tercera opción, apoyada extraoficialmente por Estados Unidos y algunos países del Caribe, propone solicitar al Comité Interamericano de Justicia de la OEA un estudio de los pasos que Cuba debería dar para que se pudiera levantar su suspensión.
Un funcionario de Estados Unidos me dijo: "Estamos dispuestos a considerar un proceso que podría acabar con el levantamiento de la suspensión, pero cualquier esfuerzo tendiente a admitir a ese país está en manos de Cuba".
El funcionario agregó que la isla tendría que adoptar medidas concretas, tales como liberar a los presos políticos y permitir la libertad de expresión.
Mi opinión: el gobierno de Barack Obama debería respaldar una versión modificada de la segunda opción. Levantar la suspensión de Cuba en la OEA no permitiría automáticamente su ingreso, porque la OEA adoptó la Carta Democrática en 2001, casi cuatro décadas después de la suspensión de la isla. Eso significa que La Habana debería acatar los términos del nuevo estatuto de la OEA para ser readmitida.
Entonces, la suspensión de Cuba debería ser aprobada conjuntamente con un pedido formal de la OEA -cumpliendo con el compromiso asumido en la Carta Democrática de "promover y defender" la democracia- para que la isla permitiera elecciones libres a fin de poder ser readmitida en la institución.
Por supuesto, el gobierno militar cubano se negará a hacerlo, y Venezuela y sus seguidores se pondrán de su lado. Pero ése sería un problema de ellos. La OEA debería tomar seriamente su Carta Democrática o de otra manera cambiar oficialmente de propósito y convertir su majestuosa sede de Washington en un salón de fiestas para causas de caridad
La Nación de Buenos Aires, Martes 26 de Mayo 2009, Opinión
* Periodista desde hace más de cuarenta años, es conductor del programa televisivo Hora Clave desde 1989 y columnistas de temas políticos en el diario LA NACION.
Es abogado y realizó estudios de sociología en la Universidad de Madrid y de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de la misma ciudad española.
Profesor adjunto de Derecho Político en la UBA hasta 1987 y titular de Teoría del Estado entre ese año y 1999, fue académico y profesor visitante e investigador asociado en la Universidad de Harvard, y enseña actualmente en la Universidad Cema.
Además, es autor de varios libros, entre ellos Los pensadores de la Libertad, Bajo el imperio de las ideas morales, La Corrupción, La Argentina como vocación, y Las condiciones culturales del desarrollo económico.
La palabra latina post significa "detrás de" o, como vamos a usarla aquí, "después de", por ejemplo, en la composición de la palabra "postre", que alude al plato complementario, por lo general dulce, que viene después del plato principal. Supongamos, sin embargo, que los comensales invitados a un banquete, si bien saben que habrá postre, aún ignoran en qué consistirá, y que, por lo tanto, saben y no saben a la vez lo que significará para ellos "post". Esto es lo que nos pasa a los argentinos de cara al poskirchnerismo.
Cuando en un análisis histórico conocemos lo que vino después de una época determinada, ya no le anteponemos "pos-" porque podemos darle la precisión de un nombre.
No denominamos a la época del Renacimiento "posmedieval", porque conocemos el desarrollo de esos maravillosos siglos XIV al XVI, durante los cuales la cultura europea floreció bajo el impulso del Renacimiento -de ahí su nombre- de la tradición grecorromana.
Utilizamos el prefijo "pos-", en cambio, cuando, aunque ya sabemos que amanece una nueva época, no podemos ponerle un nombre preciso porque todavía ignoramos cuál será su argumento. "Post" alude, en estos casos, a una certeza acompañada por una incertidumbre: la certeza de que amanece y la incertidumbre acerca de lo que traerá el nuevo día que apenas asoma detrás de tímidas nubes.
A estos indecisos amaneceres los llamamos "post". ¿En qué se transformarán en pleno día? Todavía no lo sabemos. Todavía no le hemos ofrecido una clara definición, por ejemplo, al tiempo que sigue a los tiempos modernos, y por eso lo llamamos vagamente "posmoderno". De él sabemos que ha venido después de la Edad Moderna, y de esta edad ya conocemos la revolución científica, tecnológica y política que acarreó consigo; sus inventos, sus descubrimientos, sus revoluciones y sus guerras.
Sabemos todo lo bueno y lo malo que nos trajo la modernidad pero, como estamos inseguros de lo que la sucederá, la llamamos provisional, tentativamente, "la posmodernidad".
Algo similar nos pasa a los argentinos con el poskirchnerismo. Sentimos que el período de crecimiento económico y despotismo político que acompañó a Néstor Kirchner desde 2003 se está agotando. Pero ignoramos todavía tanto la fecha exacta de su extinción como el contenido concreto del período que lo reemplazará.
¿El poskirchnerismo nacerá acaso en este año electoral de 2009 o sólo irrumpirá en los comicios presidenciales de 2011? Pocos creen que el poder de Néstor Kirchner pueda perdurar más allá de esta última fecha, pero la incertidumbre también tiene un límite, porque, a la inversa de nuestras dudas acerca de la posmodernidad, cuyo inmenso contorno nos excede, los argentinos podemos hacer algo, quizá mucho, acerca del poskirchnerismo, no tanto para acelerarlo como para conformarlo, para darle forma, convirtiéndolo en un nuevo episodio fallido, como fue la Alianza a partir de 1999, o llevándolo, al contrario, al umbral de la historia grande, emulando, en este caso, a la generación alberdiana de 1853.
La idea inicial de un libro con este tema que presento al lector nació junto con un artículo que publiqué en LA NACION, el 2 de noviembre de 2008, con el título de Una introduccción básica al poskirchnerismo . Al escribirlo, partí de la premisa de que, a lo largo de sus doscientos años de historia, la Argentina conoció tres instancias en las cuales todo el poder se concentró en un solo hombre: entre 1829 y 1852, Juan Manuel de Rosas; entre 1945 y 1955, Juan Domingo Perón y, de 2003 hasta ahora, Néstor Kirchner.
Por supuesto, aún no sabemos cuál será el contenido concreto del poskirchnerismo, pero ya sabemos, en cambio, lo que pasó después de Rosas y después de Perón. La Argentina que sobrevivió a Rosas fue un éxito tan largo como extraordinario, porque nos dio un sistema político republicano y, finalmente, democrático y un desarrollo económico sin par hasta su insensata interrupción en el golpe militar de 1930, nada menos que 78 años después.
La Argentina que sobrevivió a Perón fue, al contrario, un fracaso cuyas sombras se han prolongado hasta ahora. ¿Por qué este dramático contraste? Porque después de Rosas vino lo que podríamos llamar el transrosismo, que dio a luz un nuevo proyecto nacional, encarnado en una nueva Constitución, mientras lo que vino después de Perón fue apenas la breve e incierta prolongación del antiperonismo, cuyo ciclo el propio Perón se encargaría de cerrar en 1973, cuando, al abrazarse con Balbín, intentó enterrar sin conseguirlo el odio entre los argentinos que había resucitado en los fatídicos años setenta, con los montoneros en una trinchera y los militares en la otra.
Esta dura comprobación explica lo que he querido hacer en el libro, en el que me pregunto si a los argentinos de hoy nos será posible emular a los fundadores alberdianos que nos dieron desarrollo político y económico durante casi ochenta años o si recaeremos, más que en un único fracaso, en uno más de los doce fracasos sucesivos que han congelado nuestro desarrollo desde 1930 hasta 2009, por otros ochenta años.
¿Será, entonces, el período que asoma detrás de Kirchner un tiempo verdaderamente nuevo o una triste reiteración de los anteriores?
Precisando esta pregunta, después del previsible ocaso de Kirchner, ¿daremos un precario nacimiento a un poskirchnerismo que apenas será una prolongación necesariamente breve del "antikirchnerismo", que podría triunfar sólo precariamente sobre el déspota actual, o acometeremos, al contrario, la epopeya de lanzar un nuevo sistema que brinde a la Argentina una larga etapa de éxito institucional y económico comparable a la del "transrosismo? El poskirchnerismo que viene, en suma, ¿podrá escalar la empinada cuesta que lleva al "transkirchnerismo"?
En el curso de este ensayo he procurado explorar no sólo las avenidas, sino también los pasos de montaña del poskirchnerismo. Confío en que este esfuerzo, que creo honesto, pero insuficiente, anime a otros a profundizarlo, porque la tarea que los aspirantes al "transkirchnerismo" tenemos por delante no podría ser la obra de una o de varias plumas, sino de una entera generación. Alberdi nos inspira, pero no está entre nosotros. ¿Seremos capaces de sumar entre todos un "Alberdi colectivo"? ¿Podremos emular, en el terreno político, la hazaña que viene de consumar Mercedes Sahores al ser la primera argentina en escalar el Everest?
Al intentar su hazaña, Mercedes quizá pensó en algún momento que su empeño la excedía. El principal escollo que podríamos encontrar los argentinos de mi generación, y de la que viene pisándole los talones, no es tanto la exigencia fundacional de un nuevo comienzo, sino también, y sobre todo, la larga memoria de nuestros anteriores fracasos. De 1930 a 2009, doce gobiernos pretendieron un nuevo comienzo sin que los conservadores, los radicales, los peronistas y los militares pudieran, unos tras otros, concretarlo.
Esta seguidilla de abortos institucionales que han jalonado nuestros últimos ochenta años a través de los más diversos protagonistas y los más diversos métodos, han instalado entre nosotros el virus del derrotismo. Como todas y cada una de las etapas de estas pretendidas refundaciones terminaron invariablemente mal, cada vez que alumbra un nuevo proyecto de superación lo acompaña una sospecha: que, al igual que los que lo precedieron, "no va a andar". Cercados por esta sospecha, los sucesivos protagonistas de nuestros desencantos, al descreer ellos mismos de aquello que intentaban, llegaron a pensar que la palabra "éxito" ya no significaba entre nosotros, al igual que en países que se sienten exitosos, como Brasil o los Estados Unidos, el éxito puro y simple de sus empresas, sino otro resultado mucho más modesto, porque, si no vamos a lograr lo que pretendemos, siempre será posible echarle la culpa del fracaso a algún rival.
La culpa por lo que encontró Kirchner, ¿no la tiene, acaso, Menem? La culpa por las dificultades que encontraron los gobiernos civiles, ¿no provino de los militares? La culpa por aquello con lo que debieron lidiar los antiperonistas, ¿no nació, acaso, de los peronistas, y viceversa? La culpa por los males que encontró en su momento el radicalismo, ¿no fue conservadora? La vida política argentina de las últimas décadas ha sido, gracias a esta reiterada echazón de culpas, como una serpiente que se muerde la cola.
Hace tanto tiempo que ningún político, que ningún partido, puede adjudicarse el mérito de haber triunfado en medio del reconocimiento general, que entre nosotros "el éxito" ha dejado de ser, simplemente, el éxito, para convertirse en la capacidad de alegar que el fracaso ha acontecido por culpa de algún otro. Culpable tras culpable, todos los protagonistas del largo estancamiento argentino que nos hizo retroceder de la vanguardia a la retaguardia de la caravana de las naciones en los últimos ochenta años han debido recurrir a esta treta, a este escape, que al fin nos ha envuelto a todos.
Que nuestra generación y la que asoma talones tengan la audacia de pretender esta vez un éxito tan fenomenal como el de las generación alberdiana de los Urquiza, los Mitre y los Sarmiento será, quizá, la mayor de sus dificultades. Exponerlo en un libro es, en el fondo, una apuesta a que los argentinos podremos enfrentar entre todos y desde todo lugar el dilema del poskirchnerismo, recuperando -pese a las negras memorias- el pasado, la olvidada virtud del optimismo. Lo más difícil de la nueva etapa que asoma por detrás del agotamiento del modelo kirchnerista será, entonces, osar. Pese a los sinsabores del pasado reciente, ¿nos atreveremos a hacerlo? El mayor argumento en favor de la audacia que deberemos desplegar los argentinos de esta generación y de la que nos viene pisando los talones es que, si no nos animamos a saltar, a escalar la historia, nos veremos obligados a repetirla.
La Nación de Buenos Aires, Martes 26 de Mayo 2009, Opinión
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en América Latina durante el siglo XIX, no debiesen muy ser distintas a la relación que existió en el resto de occidente debido a la influencia de las ideas de la ilustración y del mundo moderno, que produjeron grandes cambios en la configuración de los estados modernos y especialmente en las nacientes democracias.
La ciencia política reconoce que en la formación de los sistemas políticos de los distintos países existieron cleavages o líneas de conflicto que configuraron la aparición de posiciones respecto a diversos temas y aparición de intereses comunes que conformaron los partidos y los sistemas de partidos, algunos cleavages tuvieron mayor importancia en algunos estados que en otros (Valenzuela, 1995). Estos quiebres o fracturas son cuatros y los podemos clasificar en centro/periferia, iglesia/estado, urbano/rural y proletariado/capitalista (Rokkan, 1968; Lipset & Rokkan, 1967; Bartolini, 1995), de estos cuatros el segundo va a ser el que vamos a desarrollar en el trabajo de América Latina.
Comenzare abordando el ¿por qué? de la existencia de esta tensión, ya que todo conflicto es necesario el establecimiento de posiciones fundamentadas en creencias o interpretaciones del hecho del conflicto determinada por los intereses de cada grupo o sector, por lo mismo, es necesario conocer y mencionar la postura oficial, y la no oficial del Vaticano y del actuar del clero por una parte; por el otro lado es necesario conocer ¿Cuál es la postura que se contrapone a la de la Iglesia? y ¿por qué?.
A continuación de esto veremos como las posturas afectaron en los procesos de los países americanos. Debido a que abordar toda América Latina es una tarea extensa e innecesaria para este trabajo, nos enfocaremos especialmente en los países más importantes como México, Argentina y otros que nos ayudaran como ejes centrales del trabajo.
POSICIONES QUE DETERMINAN LOS CONFLICTOS EN LOS DIVERSOS PAISES DE LA REGIÓN
Cuando la corona española pierde las colonias en el proceso de emancipación americana se produce un efecto de vacio legal y de poder, en parte, que hace que la Iglesia tenga una posición poco clara al respecto y que sus miembros también posean posiciones distintas, es decir, algunos a favor de la independencia y otros en contra de la independencia.
El Papa Pío VII considera a estos movimientos independentistas como grupos alborotadores y sediciosos e insta a los obispos de América Latina a través de la encíclica Etsi Longissimo (1816) de no perdonar y de tratar de destruir estos movimientos (Codina, 1994), pero no todo el clero hizo caso a esta solicitud, esta tuvo mayor eco entre los sacerdotes españoles. Los independentistas sabían esta situación y confiaban en el clero, así lo manifestaba el general venezolano Francisco de Miranda y Rodriguez que confiaba que el clero se iba a manifestar en el momento adecuado ya que eran “hombres ilustrados y liberales”.(Otayza, 2003)
Una señal de esta situación ambigua era la relación que se producía entre los mismos nuevos estados y la santa sede, que si bien esta última no reconocía a los nuevos estados como tales, si poseía una relación con los gobiernos constituidos en estos países, aun más en la practica en todos los documentos oficiales que se enviaban a algunos países, como ejemplo Chile y Colombia, iban dirigidas a los máximos representantes de estas (Directores Supremos, Presidentes de Junta de Gobierno, etc.) y rotulados como “Repúblicas”(Amunategui, 1960), estas no eran enviadas a los virreinatos ni a las capitanías generales.
Aun así el Papa León XII, manteniendo esta ambigüedad, el 24 de septiembre de 1824 publica la encíclica Etsi Iam Diu el cual reconoce la dominación de Fernando VII sobre América y mantiene una posición en contra de la independencia de Hispanoamérica. Este documento cuando llegó a Hispanoamérica se le creía que había sido falsificado por los españoles, ya que no comprendían como verdadera tal posición del Vaticano (Amunategui, 1960; Codina, 1994).
Tal posición es propuesta por algunos autores producto, no de la posición real que tenía el Vaticano, sino por la constante presión que estaba ejerciendo en Europa la Santa Alianza a todo lo que podía significar un apoyo a las democracias y no en apoyo a las monarquías absolutistas(Bethell, 1990). En este sentido algunos eclesiásticos de la región poseían comunicaciones ilegales con el gobierno de Fernando VII y con el Consejo de Indias que informaban de las acciones de los gobiernos hispanoamericanos, así lo manifestaba el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Mariano Egaña, quien desde Londres informó a algunos países de Sudamérica de tal situación(Amunategui, 1960).
El año 1823 por petición del gobierno chileno a través del canónigo Ignacio Cienfuegos y debido al gran descuido que habían quedado las diócesis durante las guerras de independencia que había, entre muchas cosas, provocado escases de sacerdotes en algunos países de la región (ya que muchos sacerdotes eran españoles y tuvieron que volver a España) y la vacancia en los cargos en las diócesis, el Vaticano envió una misión a Sudamérica encabezada por el Cardenal Giovanni Muzi (nombrado Vicario Apostólico en Chile) y acompañado en el cargo de secretario por Giovanni María Mastai (quien sería posteriormente Pio IX).
En 1831 por primera vez se reconoce ya de manera oficial por parte del Vaticano la independencia de los estados Latinoamericanos siendo Gregorio XVI el pontífice que se encuentra en el cargo, quien a través de la encíclica Sollicitudo ecclesiarum reconoce a las nuevas repúblicas y nombró a obispos en las respectivas diócesis.
Terminado este capitulo de las guerras de independencias de América Latina entramos en otra etapa en la relación entre la Iglesia y el estado y que esta ligado a la secularización o laicización de los estados latinoamericanos y los conflictos en torno a los partidos conservadores y liberales.
En este sentido podemos encontrar al igual que en la Iglesia a principios del siglo XIX diversas posiciones respecto a una situación, pero esta vez va a ser el liberalismo que va a presentar esta característica en América Latina, mientras que la Iglesia va a poseer un consenso en torno a este tema. Primero vamos a conocer la posición que posee el liberalismo y posteriormente la posición que posee la Iglesia.
Hay diversos factores que son importantes tener en cuenta para entender la posición del liberalismo respecto a la Iglesia Latinoamericana, la primera era que veía a la Iglesia como parte de los prejuicios del pasado que obstaculizaban al individuo y que esta estrechamente ligado a los ideales del liberalismo. La segunda se debe a una cuestión de poder entre la Iglesia y el Estado, ya que si bien sabemos que la Iglesia estaba debilitada, el estado en comparación era mucho más débil que la Iglesia, ya que esta poseía mayor afección de la población y mayores recursos económicos, por lo mismo los estados buscaban medidas para poder expropiar los bienes que poseía la Iglesia, tanto para hacer uso de ellos y reducir el poder que esta tenía(Bethell, 1990).
La apropiación de bienes de la Iglesia por parte del estado se realizo de diversas maneras, una de ellas simplemente quitando los bienes a la Iglesia como sucedió en México y la otra manera de ocupar los recursos de la Iglesia fue aprovechando la debilidad en algunos países de no contar con obispos o con sacerdotes con una formación necesaria, haciendo que la Iglesia se subordine de manera tácita al estado como sucedió en Argentina en el gobierno de Rosas, integrando personas como sacerdotes que tenían el único objetivo de realizar activismo político en las iglesias en vez de preocuparse de las cuestiones espirituales.
Pero también podemos encontrar liberalismos mucho más moderados, que encontraban que la lucha contra la Iglesia no iba a tener ningún efecto a largo plazo y se preocuparon más desarrollar un laicismo legal, como es el caso de Chile con el gobierno de Domingo Santa María y la formulación de las leyes laicas.
Incluso tenemos posiciones en las cuales los liberales que proponían la separación entre la iglesia y el estado, consideraban que la separación debía realizarse en su casi todos sus aspectos, pero que era necesario en alguna parte lograr una unión con la Iglesia de manera de garantizar la libertad de conciencia(Alvarez, 1908).
Frente a este escenario la Iglesia no se quedo de los brazos cruzados también se propusieron varios elementos interesantes dentro de la Iglesia que están mucho más asociado a los liberalismos moderados. El papa Leon XIII en su encíclica arcanum propones tres principios que deben existir en la relación de la Iglesia con el Estado: distinción, unión y prioridad de la Iglesia. La distinción se refiere a la de reconocer las labores que realiza tanto la Iglesia como el Estado y que no son las mismas funciones dentro de la sociedad, por lo mismo no deben estar juntas ni absorbida por una u otra. La unión debe realizarse no por una cuestión jurídica sino porque finalmente el Estado y la Iglesia se enfocan a los mismos objetivos que son el bien común de manera directa e indirecta, por lo mismo es necesario el trabajo unido de la Iglesia y el Estado.(Hurtado, 1952) La prioridad de la Iglesia esta ligado al tema espiritual que se debe desarrollar, por lo mismo, no lo vamos a abordar porque no es necesario para este trabajo.
Pero también existieron otros tipos de respuestas de los sacerdotes y teólogos latinoamericanos, el cual el Estado debía atender a la religión y no dejarla de lado o separarla del Estado, se llama al involucramiento de los católicos en la política y de ser estos los que cuiden los intereses de la religión y del Papa. Por lo cual los sacerdotes no debían desentenderse de la situación que viven los pueblos.(Alvarez, 1908).
La otra visión que salió respecto a esto se refiere a terminar el conflicto de una vez y definir si existía una reconciliación o una separación definitiva entre la Iglesia y el Estado(Keller, 1868).
También ya a finales del Siglo XIX aparece la encíclica Rerum Novarum, que es el fruto de ya de una visión social cristiana, que provenía desde el pontificado de Pio IX que ya se estaba haciendo parte dentro de Latinoamérica y de otras partes del mundo, junto a la aparición del comunismo y el socialismo.
El año 1899 se hace en Roma el Primer Concilio Plenario Latinoamericano, este saco como conclusión:
·Que existe una ignorancia religiosa del pueblo
·Se decide intensificar la enseñanza del catecismo
·Creación de escuelas confesionales
·Mejorar la formación de los seminarios
·Fomentar la alianza entre la Iglesia y el Estado
MÉXICO
En la independencia de México es importante tomar en cuenta la labor realizada por algunos sacerdotes durante las guerras de Independencia como Miguel Hidalgo y José María Morelos. Agustín de Iturbide en la declaración de independencia menciona tres pilares en la que se fundaría el nuevo estado mexicano, que seria la independencia, la unión entre mexicanos y españoles y la Iglesia Católica.
En México la Iglesia poseía derecho de patronato pero este siempre no tuvo mayor importancia debido a que nunca se realizaba algún pago, por diversos factores como los problemas internos, las guerras, las crisis económicas y otros problemas que tuvo el estado mexicano, esta situación nunca tuvo alguna solución, hasta 1851.
La constitución de 1824 declara que la religión oficial de los Estados Unidos Mexicanos es la Católica
El año 1828 es electro Presidente de México Vicente Guerrero, que decide expulsar a los españoles del territorio. Luego quita los bienes de la Iglesia para conformar un ejército debido a que México iba a ser invadida por España (de acuerdo a Guerrero). Efectivamente el 29 es invadida por España.
En 1830 destituyen del cargo a Guerrero, debido a las acciones realizadas por Anastacio Bustamante y de Bravo, Bustamante decide devolver los bienes a la Iglesia. El año 1931 es ejecutado Guerrero luego de una revuelta que este realiza. También ese año el Papa Gregorio XVI nombra a seis obispos nuevos para México, después de dos años sin que México tuviera algún obispo
En 1847 debido a la guerra con Estados Unidos, el general Santa Anna ocupo los bienes de la Iglesia para poder atender a los gastos de la guerra; posteriormente eso se oficializó a través de un decreto realizado por el Vicepresidente Valentín Gómez Farías en el cual incautaba los bienes de la Iglesia, la cual este se resistió a tal medida.
En 1848 el gobierno mexicano, esta vez presidido por el Presidente Jose Joaquin Herrera realiza una invitación a S.S. Pio IX a pasar su destierro de Roma en México, además le enviaba 25.000 pesos mexicanos como ayuda otorgada por las Cámaras, debido a esto Pio IX nombra un cardenal mexicano y envió un delegado episcopal a México para tratar varios asuntos. El año 1850 se soluciona el problema del patronato y el Estado mexicano se hace cargo del financiamiento de la Iglesia y de los gastos de las diócesis, además de nombrar a los obispos de las diócesis.
El año 1951 llega el enviado papal (nuncio) a México, pero se encontraba en el gobierno Mariano Arista que estaba acompañado por los liberales Prieto, Ocampo, Miguel Lerdo que influyeron en la Cámara para que se le rechazara la presentación de las credenciales, finalmente esta fue rechazada, debido a esto el Arzobispo de México, Lázaro de la Garza, presenta su renuncia. También protestaron todos los prelados al saberse los desaires realizados al delegado.
Durante el último gobierno de Santa Anna (1853-1855), otorgó garantías a la iglesia, restableció la Compañía de Jesús (devolviéndoles sus bienes) y la orden de nuestra señora de Guadalupe también fue restablecida
El 12 de diciembre de 1855, al otro día de la renuncia del recién asumido Presidente Álvarez, el cura de Zacapoaxtla realiza una insurgencia hasta tomarse la ciudad de Puebla, Comonfort que había asumido el gobierno decide el mismo parar la insurrección y se dirigió con las tropas tomando la ciudad el 22 de marzo de 1856. Comonfort decide, a manera de castigo, crear un decreto interviene los bienes eclesiásticos de esa diócesis, por el apoyo directo e indirecto del clero a la insurrección, los bienes intervenidos se ocuparían para los gastos de guerra y pensiones para viudas y huérfanos. El obispo e Puebla realizó una queja por la desición, ya que si bien esta tenía las características que mencionaba Comonfort, el obispo apelaba a que los responsables fueron sólo las personas que participaron en la insurrección.
1856 se crea la Ley Lerdo, esta obligaba a la Iglesia de vender todas las propiedades que arrendaba e impedía que en el futuro se apropiara de propiedades, si un deudor no podía pagar la hipoteca. Esta ley aseguraba que los ingresos de la Iglesia iban a ser sólo por hipotecas. En los lugares donde los conservadores dominaban anularon la ley Lerdo, complicaron las cosas en la relación que había con el Estado.
Las reformas hechas por Juárez en Veracruz incluían que esta vez los bienes de la Iglesia iban a ser nacionalizados, esta vez sin tener una compensación, prohibiendo los monasterios y confiscando los edificios, los templos se venderían, etc. Estas medidas fueron tomadas para financiar los ejércitos liberales que se estaban enfrentando a los ejércitos conservadores, que también recibían recursos de las Iglesias, ya que Miramón sacaba la plata de las catedrales.
Debido al triunfo liberal, en 1857 se hizo una nueva constitución que otorgaba la liberta de culto y realizaba la separación entre la Iglesia y el Estado, que incluían prohibiciones episcopales y otras medidas que la Iglesia no estuvo de acuerdo. El obispo de Michoacán, Mungía, hizo un llamado a los súbditos a no jurar la nueva constitución.
La nueva constitución abrió la posibilidad de la instauración de nuevas tendencias religiosas en México, en 1865 se forma la primera comunidad protestante de México, estas nuevas comunidades tenían una buena relación la Iglesia mexicana.
Terminado el enfrentamiento entre liberales y conservadores, Benito Juaréz decide desterrar, expulsar y exiliar al delegado apostólico, Mons. Clementi, el embajador de España, Pacheco, el Ministro de Guatemala (Neri del Barrio), el Ministro de Ecuador (Pastor), al Arzobispo de México (Lazaro de la Garza), el obispo de Michoacán (Clemente Mungía), Obispo de Tanagra (Joaquin Fernandez), obispo de Guadalajara (Pedro Espinoza), obispo de San Luis de Potosí (Pedro Barajas) y al obispo de Durango (Antonio Zubiria). El obispo de Linares Francisco de P. Verea que no estaba dentro de la lista de los deterrados, decidió autoexpulsar, quedando asi sólo dos obispos en México ya que otros tres habían sido expulsados anteriormente.
Luego de este periodo las reformas se acrecentaron con la llegada de Maximiliano, que paradójicamente se había reunido anteriormente con Pio IX para buscar una solución a los problemas de México, aun más el Papa envió un delegado apostólico a México, pero aun así se disolvieron las comunidades religiosas y se continuaron expulsando a las congregaciones, como por ejemplo a las hermanas de la Caridad que trabajaban en los hospitales y eran uno de los pocos grupos que Juárez había dejado en México (debido al reconocimiento que poseían por parte de la población), pero Lerdo de Tejada continuo con este proceso y buscaba colocar a nivel constitucional las leyes de la reforma.
En 1874 se envió al congreso la ley que otorga el rango constitucional a las leyes reformas y que además agregaba que las Iglesias ya no podían recibir limosnas de los fieles y la prohibición absoluta de toda enseñanza religiosa en las escuelas, como es de esperar, los sacerdotes protestaron por tal medida. Los obispos hicieron un llamado a los católicos de ser los padres quienes debiesen educar a sus hijos y de las mujeres de suplir la labor de beneficencia que realizaban las hermanas de la caridad.
Luego de 1880 se crearon nuevas diócesis para reestructurar la organización del clero mexicano, también se instalaron diversas congregaciones como los salesianos, claretianos, josefinos, pasionistas, etc.
ARGENTINA
Desde 1796 la sede de Buenos Aires se mantenía vacante, esta situación cambia el año 1802 cuando el Consejo de Indias propone como obispo a Benito de Lué y Riega, que había sido nombrado por el rey Carlos IV y ratificado por el papa Pio VII.
Lué llega a Buenos Aires en 1803 y decide realizar una visita pastoral a su diócesis (que en ese entonces correspondía a Buenos Aires, Paraná, Montevideo, La Plata y Viedma), lo que produjo un gran gasto y antipatía dentro del clero de Buenos Aires, principalmente por su visión rígida y de cristiandad (hegemonía absoluta del cristianismo en la sociedad) que poseía de la religión, que lo llevo a formar varios curatos (o parroquias) en la diócesis principalmente en los sectores donde los jesuitas habían sido expulsados, esta situación le produjo varios conflictos con el cabildo eclesiástico.
En el 1806 y 1807 Argentina es invadida por Inglaterra, en dos ocasiones, esta situación fue vista por una parte de la población como una lucha entre los “herejes” ingleses y los católicos argentinos, lo que produjo que los irlandeses (católicos) desertaran de las filas inglesas y lucharan en contra de ellos(Dussel, 1984). Pero sin importar el carácter de la invasión, el obispo Lué que era español juró lealtad al rey de Inglaterra a cambio de mantener el respeto por la Iglesia Católica y por su autoridad. Por lo cual no apoyo a la reconquista, pero si otorgó ayuda monetaria a Martín de Alzaga que luchó en contra de los ingleses.
En 1810 se produce en la Argentina la revolución de mayo, en la cual el día 25 de Mayo se constituye la Junta de Gobierno, pero los días previos al 25 se habían citado a los criollos para solucionar el problema de la ausencia del Rey. Dentro de las dos posturas existentes, el obispo Lué defendió a aquella que mencionaba que el poder (en ausencia del rey) debía ser mantenido por el Virrey y en ausencia de este a algún español(Pigna, 2007). Mientras la otra postura era la de conformar una junta de gobierno en ausencia del rey.
Al momento de la votación de las posturas, vemos que la Iglesia también se encuentra dividida en torno a esto, ya que lo betlemitas y franciscanos (compuesta por mayoría española) votaron a favor de la postura del obispo Lué de darle el apoyo al Virrey, mientras que los dominicos y mercedarios (de mayoría criollos) votaron a favor de la postura promovida por Cornelio Saavedra y Juan José Castelli de realizar una junta de gobierno. Finalmente se impuso la propuesta de Saavedra y Castelli, luego a esto se procedió a votar si se le solicitaba la renuncia al Virrey Cisneros, el cual tuvo que renunciar ya que la mayoría votó por su salida.
La junta de gobierno estuvo compuesta por seis vocales, entre ellos el sacerdote Manuel Alberti quien apoyo la revolución y voto por la destitución del Virrey.
Ya una vez consolidada la junta de gobierno el Obispo Lué solicitó a ella un permiso para realizar una visita pastoral a la diócesis, la cual fue negada debido a que en Montevideo no se reconocía a la junta y se temía que el obispo se escapara para allá y realizara un levantamiento. Luego de esto al obispo se le prohibió realizar predicas y confesar a los fieles. Finalmente luego de haberse conformado el Primer Triunvirato es desterrado al pueblo de San Fernando al norte de Buenos Aires en donde es encontrado muerto, presumiblemente por envenenamiento(Varetto, 1922).
En 1813 se conforma en Buenos Aires una asamblea general constituyente, en el cual habían doce eclesiásticos y que fue la primera instancia de independencia del país, la asamblea en lo relativo a lo religioso estableció una autonomía a Roma, ya que los obispos se ordenarían y designarían en Argentina, de manera de mantener una unidad religiosa dentro del país de acuerdo a la visión unitarista de organización política que se instauraba en contraposición a la visión federalista.
Las primeras constituciones de Argentina establecían que la religión del estado es la Iglesia Católica, situación que se mantiene hasta hoy.
En 1820, con la disolución del gobierno nacional es elegido gobernador Martín Rodríguez contando con el apoyo de Anchorena, Rosas y Rivadavia. Rivadavia fue elegido ministro y tuvo una importante labor en él. El año 1822 Rivadavia realiza una reforma eclesiástica que establecía la subordinación de la Iglesia al poder civil, esta reforma tenia el propósito de eliminar las congregaciones, de esta manera los bienes que no estaban destinados al culto pasaban a las manos del Estado y se eliminaba el diezmo como forma de financiamiento de la Iglesia, a cambio de todo esto el Estado se comprometía a financiar a la Iglesia. Esta medida si bien fue apoyada por muchos sectores de la Iglesia no tuvo mucho apoyo popular, porque al final las funciones que cumplían las congregaciones como los apoyos educativos y hospitalarios gratuitos iban a desaparecer para la población.
El Arzobispo Juan Muzi llegó a Argentina dentro de su función de restablecer los lazos entre el Vaticano y los gobiernos sudamericanos, pero Rivadavia realizó todas las funciones posibles para impedir su llegada, ya que todas las reformas realizadas en Argentina conducían a lograr la autonomía del Vaticano y no volver a depender de él.
Como tema aparte es importante mencionar que si bien existían estas medidas, la población era católica como Rivadavia y poseían una gran devoción a los temas del culto, como por ejemplo durante la reconquista se proclamó a Nuestra Señora del Rosario como gestora de la victoria contra los ingleses, el General Belgrano a cargo de las tropas del norte nombró a Nuestra Señora de la Merced como generala del Ejército. San Martín que sucedió a Belgrano proclamó al ejército de Los Andes junto a O’Higgins a la Virgen del Carmen.
La libertad de culto en Argentina era promovida principalmente por comerciantes Ingleses que se encontraban en Buenos Aires, si bien esto no se logró de manera nacional, si un acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña permitió la libertad de culto de los ciudadanos ingleses, esto se aplico sólo a Buenos Aires debido a la negativa de las provincias interiores de aceptar la libertad de culto.
En 1829 Juan Manuel de Rosas llega a la gobernación de Buenos Aires, Rosas contaba con el apoyo de las autoridades de la Iglesia. Rosas solicitó a la Iglesia el apoyo en su causa federal, apoyo que se entregó sin cuestionamiento, ya que Rosas había ayudado en la restauración del culto, en la construcción de nuevas parroquias, la eliminación de la propaganda hostil en contra de la Iglesia, la evangelización de los indígenas, el catecismo, el restablecimiento de las órdenes y congregaciones, el restablecimiento de la Compañía de Jesús, el arribo de sacerdotes españoles y la formación del clero(Dussel, 1984).
También los eclesiásticos debían utilizar el distintivo punzó y estaban obligados a predicar a favor de la causa federal y denostar a los enemigos políticos de Rosas, también su retrato se encontraba con un lugar de honor dentro de la ceremonia religiosa. Los sacerdotes que no realizaban esto eran vigilados, perseguidos y hasta ejecutados de acuerdo a su desafección de realizar estas cosas.
Después de un tiempo los jesuitas decidieron irse debido a las condiciones que se fueron imponiendo luego de su llegada.
Rosas sale del poder el año 1851 luego de un pronunciamiento del gobernador de Entre Ríos Justo José de Urquiza (con el apoyo de Brasil y Uruguay), que se concreta el año 52 después de perder una batalla en los campos de Caseros.
El año 1853 se realiza una nueva constitución el cual instaura la liberta de culto y elimina el fuero eclesiástico, el congreso es quien determina el ingreso de nuevas órdenes religiosas, para ser presidente o vicepresidente de la nación es requisito pertenecer como fiel a la Iglesia Católica y los eclesiásticos no pueden ser miembros del Congreso.
En 1854 Justo José Urquiza se hace cargo de la Confederación Argentina, instalada en Paraná. Urquiza se preocupo de restaurar las relaciones con el Vaticano, por lo mismo envía a Juan Bautista Alberdi a Roma en donde se juntó con el papa Pio IX y esto nombró a un delegado apostólico para Argentina (conjunto para Buenos Aires, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia), este sería el Arzobispo de Palmira Marino Marini.
En 1858 en Roma se crea el Colegio Pio Latino Americano en donde se formaron varios sacerdotes argentinos (y de la región), el obispo de Buenos Aires Mariano Escalada envió a varios alumnos para que fueran a estudiar allí.
Ya en el gobierno de Bartolomé Mitre este pide a Pio IX la elevación de la diócesis de Buenos Aires a Arquidiócesis, esta fue realizada el año 1865, siendo el primer Arzobispo de Buenos Aires Mariano José de Escalada.
Durante los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda las relaciones con la Iglesia fueron relativamente tranquilas, ya que los gobernantes tenían otros desafíos mucho más importantes como la guerra de la Triple Alianza, la incorporación de Buenos Aires a la confederación, etc.
Durante el gobierno de Julio Argentino Roca se crean otros conflictos con la Iglesia debido a la integración de profesoras protestantes norteamericanas y las protestas de los profesores católicos desempleados, la creación del matrimonio civil, la ley de registro civil, el congreso pedagógico de 1882, etc. Todos estos elementos provocaron una presión al gobierno de Roca que junto a otros factores determinaron la salida del gobierno. En su reemplazo entra al gobierno Juárez Celmán.
De aquí en adelante el ingreso del liberalismo y de la cuestión social, introducen en Argentina una preocupación por los temas sociales, que se hacen presentes de manera extensa ya durante el siglo XX como en el resto de la región.
CONCLUSIÓN
La independencia de los países americanos produjo también una cierta independencia de la Iglesia respecto a los Estados, que en un principio fue considerado de manera negativa, pero posteriormente y junto a un movimiento social católico producen una modernización de la misma impulsada desde el Vaticano mismo con la encíclica Rerum Novarum y el Concilio Vaticano I.
“La historia de las relaciones entre Iglesia Católica y la Democracia se parece a la gestación de un sólido entendimiento que comienza primero con bastante frialdad en un serie de recelos, incomprensiones y cargos mutuos, pero que avanza, por obra del dialogo y la mutua maduración hasta culminar en un encuentro en el que parecen necesitarse mutuamente”(Hourton, 1975) Este pequeño extracto hace resumen a toda la historia de la Iglesia Católica en el siglo XIX, que tuvieron en algún momento algunas diferencias y que posteriormente, principalmente por la posición de la misma Iglesia que con León XIII realiza un cambio de perspectiva en torno a los temas políticos y sociales, junto a una nueva relación con el Estado.
Durante este tiempo podemos encontrar que las pugnas entre conservadores y liberales nunca fueron tan marcadas, ya que en ambas facciones existían diversas posturas frente al conflicto Iglesia-Estado que produjeron diversas formas de manifestación y en ocasiones conflictos internos en ambos bandos.
Para la Iglesia en Latinoamérica y también para el Estado significó un cambio trascendental en sus relaciones, ya que se tuvieron que adecuar a un nuevo contexto en donde la civilización de la cristiandad que había comenzado con Constantino estaba terminando luego de alrededor de diez siglos de estar organizada de esta manera.
También este proceso dejó la puerta abierta la relación que tendrían en el siglo XX el socialismo, el comunismo y los movimientos socialcristianos que buscarían sus apoyos en los obreros y proletarios, como forma de respuesta al sistema económico capitalista y la ausencia de leyes sociales por parte del Estado.
BIBLIOGRAFÍA
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Ministerio de Juventud y Deporte
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Con las intervenciones del Presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, el
Pbro. Vicario de la Vicaría de la Esperanza Joven, Pbro. Galo Fernández, y
los ...
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