Modernización del financiamiento de la defensa

Francisco Vidal
EL MERCURIO
14/09/2009

La Ley Reservada del Cobre, promulgada originalmente en 1958, asigna el 10% de las ventas al exterior de Codelco a la adquisición, fabricación y reparación de elementos destinados a la defensa nacional, incluyendo armamento, municiones e infraestructura estratégica.

Esta forma de financiar la defensa debe ser reformada, pues no permite un control parlamentario de las prioridades ni de la debida transparencia del gasto. A la vez, la Ley Reservada del Cobre ha recibido fuertes críticas respecto de la fuente de los recursos, el mecanismo de su asignación y su monto.

En efecto, la variabilidad del rendimiento de la ley, atada a la fluctuación del precio del cobre en los mercados internacionales, dificulta la planificación del desarrollo de la fuerza militar, particularmente en los períodos de bajo precio del cobre. Por su parte, en años de alto precio, los recursos rendidos por la ley superan las necesidades de la defensa, generando una percepción engañosa sobre el gasto anual de este sector.

No hay dudas de que las inversiones en defensa tienen características peculiares y por ello requieren un tratamiento especial. Sin embargo, es posible y necesario, en el actual contexto de desarrollo político de Chile y sin abandonar la reserva indispensable de esas adquisiciones, contar con un sistema de financiamiento que permita armonizar el régimen de asignación de recursos para la defensa con el espíritu que la Constitución establece para el régimen general de financiamiento de las funciones y políticas del Estado.

Por lo anterior, el Gobierno considera necesario derogar la Ley Reservada del Cobre y la que crea el Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional), institución que administra sus recursos, para reemplazarlas por una ley que obtiene los recursos del tesoro público y los asigna por las vías normales con que se financian las demás funciones y políticas públicas. El texto, además, perfecciona e introduce mecanismos modernos y transparentes de gestión y control del gasto, sobre la base de un régimen plurianual de financiamiento que asegure la inversión en sistemas de armas cuya adquisición supere las capacidades presupuestarias de un año fiscal.

Este proceso garantizará, entonces, un sistema de planificación de largo plazo en el que el ministerio elaborará la planificación del desarrollo de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, previa opinión de la junta de comandantes en jefe, para períodos de 12 años, la que será actualizada y aprobada cada cuatro años por el Presidente de la República, mediante decreto supremo, dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que asuma el mando del país. Los parlamentarios, año a año, tendrán control sobre la ejecución presupuestaria de los recursos planificados, pero siempre dentro de los marcos de largo plazo que han sido definidos.

Así, con una planificación de estas características, se asegura que las necesidades de la defensa nacional estén claramente garantizadas, pues el financiamiento no estará sujeto a los vaivenes de la economía ni al devenir de los ciclos políticos o electorales.

Frente a esta modernización necesaria para el país, estamos convencidos de que nuestra democracia se encuentra madura para construir un consenso entre todas las fuerzas políticas, inspirado en una visión de Estado.

Transformar el sistema de financiamiento de la defensa nacional es justo para Codelco, es justo para las Fuerzas Armadas y es justo para Chile.

El poder americano en el siglo XXI

Joseph S. Nye Jr.
La Tercera
14/09/2009

Según las proyecciones del Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU, en 2025, el dominio americano habrá "disminuido mucho". El presidente ruso, Dmitri Medvedev, ha considerado la crisis financiera de 2008 una señal de que el predominio mundial de EEUU toca a su fin. ¿Cómo podemos saber si esas predicciones son correctas?

Debemos desconfiar de las engañosas metáforas relativas a la decadencia orgánica. Los países no son como los seres humanos, con duraciones de vida previsibles. Por ejemplo, Roma siguió en posición dominante durante más de tres siglos después del apogeo del poder romano. No sucumbió ante otro Estado: sufrió una muerte lenta tras mil ataques de tribus bárbaras.

De hecho, pese a las predicciones de moda acerca de que China, India o Brasil superarán en los próximos decenios a EEUU, la transición clásica del poder entre los grandes estados puede ser un problema menos grave que el ascenso de bárbaros modernos: en un mundo basado en la información y con inseguridad cibernética, la difusión del poder puede ser una amenaza mayor que la transición del poder.

Así, pues, ¿qué significará el ejercicio del poder en la era de la información? ¿Qué recursos producirán poder? El saber tradicional siempre ha sostenido que el Estado dotado con el mayor ejército prevalece. Pero en una era de la información el Estado (o una entidad no estatal) que disponga del mejor relato, puede ser el que venza.

El poder siempre depende de las circunstancias. A mediados del siglo XX, Stalin preguntó en tono despreciativo cuántas divisiones tenía el Papa. Cuatro decenios después, el Papado seguía intacto, mientras que el imperio del líder ruso se había desplomado.

En el mundo actual, la distribución del poder se parece a un juego de ajedrez de tres dimensiones. En el tablero de arriba, el poder militar es, en gran medida, unipolar y es probable que EEUU siga siendo la única superpotencia durante algún tiempo. Pero en el tablero del medio, el poder económico, ya lleva más de un decenio siendo multipolar, donde EEUU, Europa, Japón y China son los jugadores más importantes.

El tablero de abajo es la esfera de las transacciones transfronterizas que escapan al control estatal. Forman parte de él diversos protagonistas no estatales, como, por ejemplo, banqueros que transfieren electrónicamente sumas mayores que la mayoría de los presupuestos nacionales. En el otro extremo, terroristas que transfieren armas o piratas informáticos que son una amenaza para la seguridad cibernética. También están amenazas como las pandemias y el cambio climático.

En ese tablero de abajo, el poder está muy disperso y carece de sentido hablar de unipolaridad, multipolaridad o hegemonía. Incluso después de la crisis financiera, es probable que el vertiginoso ritmo del cambio tecnológico siga impulsando la globalización y las amenazas transnacionales.

El problema del poder americano en el siglo XXI es que cada vez hay más cosas que escapan al control de, incluso, el Estado más poderoso. Aunque EEUU tiene un buen rendimiento en materia militar, muchas cosas escapan a este ámbito.

No basta con concebir el poder sobre los demás; también, el poder para alcanzar objetivos. Respecto de muchas cuestiones transnacionales, conceder poder a los demás puede contribuir a la consecución de los objetivos propios. El problema del poder americano en el siglo XXI no es el de la decadencia, sino el de la necesidad de reconocer que incluso el país más poderoso no puede lograr sus fines sin la ayuda de los demás.

Obama and Cyber Defense

GORDON CROVITZ
The Wall Street Journal
29 - 06 - 09

In a Monty Python skit from 1970, the Vercotti brothers, wearing Mafia suits and dark glasses, approach a colonel in a British military barracks. "You've got a nice army base here, Colonel," says Luigi Vercotti. "We wouldn't want anything to happen to it." Dino explains, "My brother and I have got a little proposition for you, Colonel," and Luigi elaborates, "We can guarantee you that not a single armored division will get done over for 15 bob a week."

If the idea of the military having to pay protection money to the mob seems silly, imagine what Monty Python could do with last week's White House decision on security. It announced a new "Cyber Command" to protect information infrastructure, but stipulated that the military is allowed to protect only itself, not the civilian Internet or other key communications networks. When President Barack Obama announced the plan, he stressed that it "will not -- I repeat -- will not -- include monitoring private-sector networks or Internet traffic." It's like telling the military if there's another 9/11 to protect the Pentagon but not the World Trade Center.

The announcement shows that our political system is still ambivalent about how to defend communications networks such as the Internet. We expect privacy, but we know that intrusive techniques are required to protect the system from cyber attacks. How to balance privacy with preventing attacks that would undermine the system altogether?

It's an open secret that the National Security Agency (NSA) must operate through civilian networks inside the U.S. in order to prevent millions of cyber attacks every year by foreign governments, terror groups and hackers. Likewise, the NSA must follow leads through computer networks that run through innocent countries. "How do you understand sovereignty in the cyber domain?" asked James Cartwright, vice chairman of the Joint Chiefs of Staff, in a recent speech. "It doesn't tend to pay a lot of attention to geographic borders."

The risks are real. Cyber attacks on Estonia and Georgia by Russia in recent years forced government, banking, media and other Web sites offline. In the U.S., the public Web, air-traffic control systems and telecommunications services have all been attacked. Congressional offices have been told that China has broken into their computers. Both China and Russia were caught having infiltrated the U.S. electric-power grid, leaving behind software code to be used to disrupt the system. The risk of attacks to create massive power outages is so serious that the best option could be unplugging the U.S. power grid from the Internet.

The military is far ahead of civilian agencies such as Homeland Security and is now focused on cyber offense as well as defense. Cyberspace, says Gen. Kevin P. Chilton, commander of the U.S. Strategic Command, is the new "domain," joining the traditional domains of air, land and sea. Each is a focus for both defense and attack. The U.S., a decade behind China, is now officially focused on using cyber warfare offensively as well as defensively.

The U.S. is an inventive nation, so we'll get to the right answer on security if we ask the right questions. What if the only way the military can block a cyber attack is to monitor domestic use of the Web, since foreigners use the Web to launch cyber attacks? What is a "reasonable" search in a virtual world such as a global communication network? What's the proper response to cyber attacks?

If cyber war is a new form of war, wouldn't most Americans adjust their expectations of reasonable privacy to permit the Pentagon to intrude to some degree on their communications, if this is necessary to prevent great harm and if rules protecting anonymity can be established? Finally, wouldn't it be better for politicians to encourage a frank discussion about these issues before a significant attack occurs instead of pretending there are no trade-offs?

Only the NSA, which operates within the Defense Department, has the expertise to protect all U.S. networks. It has somehow found ways to mine needed data despite pre-Web rules that restrict its activities domestically. But the question remains: How can the military get enough access to private, domestic networks to protect them while still ensuring as much privacy as possible? One logical approach is for Homeland Security to delegate domestic defense to the NSA, but for the domestic agency to maintain enough responsibility to have political accountability if privacy rights get violated in the process.

We'll look back on the current era, with the military constrained from defending vital domestic interests, as an artifact of an era when it was easy to point to what was foreign and what was domestic. In the digital world, as the cyber threat shows, physical distinctions such as political borders are unhelpful and can be dangerously confusing.

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El control del delito es la protección social (¡idiota!)

Ibán de Rementería
El Mostrador
28/05/09

El último mensaje a la nación de la Presidenta Bachelet en general fue comentado positivamente, sólo hubo comentarios negativos de la oposición por no haber dicho nada, en realidad muy poco, sobre seguridad ciudadana y por haber orientado la pauta política inmediata en esta época electoral en lo que ella considera el núcleo central de su acción como gobernante, de su éxito y de su popularidad: la protección social.

En seguridad ciudadana el hecho más importante es la disminución de la victimización por hogares en 17,9% desde 43,0% a 35,3% entre 2003 y 2007, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del INE y el Ministerio del Interior (ENUSC), no obstante el 80% de la población opina que el delito está aumentando según la misma encuesta. Ahora bien para contextualizar nuestra situación de seguridad pública, aquí la tasa de victimización personal fue de 11,6 casos por cada 100 habitantes en el mismo período, lo que se puede comparar con la misma información provista por Naciones Unidas para los países desarrollados, nuestra victimización estaría algo por encima de la que tienen España (9,1%), Japón (9,9%), Hungría (10,0%) y Portugal (10,4%), igual a la de Austria y por debajo, es decir mejor que, las de Francia (12,0%), Italia (12,6%), Alemania (13,1%), Suecia (16.1%), Estados Unidos de América (17,5%), Suiza (18,1%) y Reino Unido (21,0%).

Bien se podría atribuir este poco conocido y casi nunca comentado éxito de la lucha contra el delito a la eficacia represiva y penal del Estado - Reforma Procesal Penal, Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, agenda corta acordada con la oposición, ley de drogas, etc.-, eficacia que se manifestaría con un crecimiento del 150% de la población penal, que se expresa claramente en el hacinamiento y el horror de los internos muertos en incendios y riñas, para llegar a una tasa de 313 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes, la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo.

Sin embargo, la capacidad disuasiva y de control del delito por el sistema penal del Estado -la prevención general y especial del derecho penal- es más que dudosa ya que sólo el 5% de los hechos delictivos denunciados tienen algún inculpado sancionado, además únicamente el 36% de los hechos delictivos reales son denunciados por sus víctimas. Similar cosa acontece en los Estados Unidos de América, allí sólo el 4,4% de los hechos delictivos denunciados tiene algún sancionado, donde además hay 715 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes.

En los Estados Unidos de América entre 1995 y 2004 los delitos contra la propiedad disminuyeron en 14% y contra las personas en 24%, lo cual por lo antes dicho no puede ser atribuido a la eficacia penal, ni al control de drogas cuyo consumo que creció en más del 37% en igual período, ni al aumento de los abortos los cuales disminuyeron en un 40% desde 1981.

Si bien, los Estados Unidos tiene una pésima distribución del ingreso (coeficiente Gini 0,46), pero aquí es peor (coeficiente Gini 0,54), no obstante allí entre 1996 y 2005 el 57,6% de quienes pertenecían el quintil más bajo ascendió a alguno de los quintiles superiores durante el decenio, de aquellos del segundo quintil en 1996 un 33.3% permaneció allí en el 2005, casi el 50% ascendió y sólo un 7.1% descendió. Entre los del quintil medio en 1996 la tercera parte permaneció allí, más del 40% ascendió y el 24,6% descendió en 2005. Entre quienes pertenecían al cuarto quintil en 1996 el 70.5% logró mantenerse o ascendió en 2005. Para el quintil superior casi el 70% se mantuvo allí y sólo el 5.8% cayó a alguno de los dos primeros quintiles. Esta mejora constante de los ingresos absolutos de los sectores más pobres de la población estadounidense aparece como la mejor explicación para la disminución de las conductas delictivas

Aquí en Chile no tenemos esos éxitos en mejorar los ingresos de los sectores más empobrecidos, pero es verificable una consistente disminución de la pobreza durante los gobiernos de la Concertación, así tenemos que entre 1990 y 2006 la pobreza ha disminuido en 56% y la indigencia en 69%, entre los años 2003 y 2006 más comparable al período de aplicación de la ENUSC, en 27% cayó la pobreza y la indigencia en 32%.

La disminución de la pobreza, sobre todo de la indigencia su expresión más brutal, es el dato más duro del éxito de la protección social y ésta es la única explicación posible de la disminución de la delincuencia que informa la ENUSC. Entonces, parafraseando a aquel asesor político estadounidense se puede decir que: el control del delito es la protección social ¡idiota !