¿Cuánta desigualdad puede aguantar una democracia?

Juan Carlos Moraga Fadel
Centro Avance
23/06/09

"Las desigualdades en Chile no son sólo un "tema", son realidades cotidianas que carcomen la convivencia social y que pesan como ofensa rutinaria en millones de compatriotas. Y digámoslo con todas sus letras: en los casi 20 años de gobiernos de centro-izquierda, nunca ha habido ni un atisbo de enfrentarlo en su integridad, profundidad y extensión. Es más, hay instituciones del propio Estado que operan con pautas de conducta que provienen de una cultura de la desigualdad." Antonio Cortés Terzi
Chile es un país desigual, eso lo tenemos claro todos, y la "lucha" por reducir esta brecha se ha convertido en parte esencial del discurso de cualquier candidato o candidateable.

Por esto no deja de ser una pregunta importante la capacidad real que pueda tener el Gobierno (este y el que vendrá y los que vendrán), y el "nuevo paradigma" anunciado por la presidenta el pasado 21 de Mayo, para enfrentar el problema histórico de la desigualdad en nuestro país como parte central de los esfuerzos por consolidar un Estado social y democrático, suponiendo, claro, que gane la Concertación.

Problema histórico que no sólo urge ser solucionado por las consecuencias sociales evidentes que puede detonar o si se pretende siquiera enunciar un proyecto político que apunte a la equidad, sino además porque "el tema de la desigualdad" se ha vuelto tan presente en la opinión publica (ya sea por el actuar de los medios, ya sea por el actuar de algunos actores sociales como los deudores habitacionales, los estudiantes y los trabajadores, ya sea por el pronunciamiento de la iglesia católica, ya sea por su evidente profundidad) que su persistencia es capaz de eclipsar, como está ocurriendo, muchos de los logros concretos alcanzados por la Concertación.

La desigualdad atraviesa muchos ámbitos (educación, salud, acceso a la cultura, acceso a los espacios de decisión y poder, etc.) y se encuentra enlazada a las diversas transformaciones socio-estructurales que ha vivido nuestro país en los últimos treinta años (imperio absoluto de las lógicas de una economía de mercado, mercantilización en todas o casi todas las actividades de efectos sociales, predominio de escalas modernas de consumo, heterogenización de los grupos sociales, debilitamiento de las instancias tradicionales de conducción colectiva, etc.), pero sin duda todas surgidas y ordenadas en torno a la órbita de una especie de "desigualdad originaria": la desigual distribución de la riqueza.

Esta "desigualdad originaria", no sólo por su magnitud sino también por su perpetuación y la aparente tolerancia desde los espacios de decisión política y el circuito extrainstitucional del poder (que en el caso de muchos es además de tolerancia, concordancia), hace, como se señala mas arriba, invisibles y en cierto grados inoperantes, los logros de las políticas de reducción de la pobreza, la reforma previsional, el programa Chile Crece Contigo, los proyectos en atención primaria de salud, el Plan AUGE, las políticas habitacionales y los avances en derechos laborales.

Para un país con una baja tasa de empleo como el nuestro (un 58% para el grupo entre 15 y 64 años, es decir ocho puntos porcentuales más baja que la observada en el promedio de los países de la OCDE), y con la actual tendencia a la destrucción del empleo que han tomado los privados como medida de protección de los capitales frente a la amenaza de la recesión económica mundial prolongada, esta "desigualdad originaria" se encuentra especialmente expuesta en tanto se concatenan los bajos niveles salariales (vale al pena recordar que el ingreso autónomo promedio del quintil de mayores ingresos es 13,1 veces mayor que aquel del quintil de menores ingresos como revelaron las polémicas conclusiones de la encuesta CASEN 2006) con las crecientes tasas de desempleo, las restrictivas instancias de participación sindical y negociación colectiva, la precarizaciòn del mercado de trabajo y el acceso a la educación universitaria.

Además hay que agregar a esto el creciente espacio para las demandas sociales y populares por los mismos espacios democráticos y ciudadanos que ha generado la Concertación.

Problema histórico, e inabarcable sin una profunda voluntad y acción política, ya que su origen se encuentra enraizado en la lógica de producción y distribución de la riqueza expresada tanto en la dinámica de un mercado de trabajo flexible y tercerizado como en la arquitectura de un modelo de desarrollo que favorece la "voluntad empresaria" que busca maximizar la competitividad, la productividad y la generación de ganancia manteniendo niveles salariales y tributarios bajos.

Cualquier "nuevo paradigma" que intente posicionarse, si ha de apelar a la equidad, deberá reestructurar este modelo de desarrollo. Está demostrado que la economía de mercado es incapaz de solucionar la desigualdad, sino que la profundiza en tanto se sustenta en ella.

Además, si la actual crisis nos ha dejado una enseñanza es precisamente que la economía no puede subsumir, o pretenderse subsumida, a la política, ya que los procesos económicos generadores de desigualdad operan dentro de rigurosos límites fijados por las instituciones políticas y las políticas públicas.

O bien se corre el peligro de que las tendencias presentes de la desigualdad se perpetúen (como señala Charles Tally, en su obra "La desigualdad persistente"), con creciente preponderancia de las diferencias en el acceso al capital en un mundo dividido por éste; las instituciones educativas ejercen cada vez más influencia en la distribución de las personas en categorías y, por lo tanto, en la recepción de retribuciones diferenciales.

Es decir, a menos que se enfrente políticamente la desigualdad, en un plano que trasciende y subsume lo económico a un proyecto de desarrollo, la brecha de la desigualdad tenderá a profundizarse más y más, lo que sólo significaría el aumento de la explotación, las brechas sociales y el acaparamiento de las oportunidades.

La desigualdad se enfrenta con políticas que les dé efectivamente más y mejor a los que tienen menos y no desde la falacia teórica y política de la "igualdad de oportunidades", subsumida de inmediato en una lógica de competencia tan típica del neoliberalismo: igualar las oportunidades en sujetos social y económicamente desiguales no es más que reproducir estas desigualdades, salvo que ahora cubiertas por un manto hipócrita.

En este contexto, claro, tampoco deja de ser una pregunta importante, y además especialmente preocupante si es que los avances y logros alcanzados por la Concertación, que repito, no han sido pocos, sino eclipsados en parte por esta "desigualdad originaria" y las crecientes demandas sociales que se han evidenciado, que apuntan a lograr consolidar un Estado social y democrático pueden o no sobrevivir en un gobierno de derecha como el que sobrevendría tras el triunfo de Piñera.

Sin duda será un verdadero desafío para los teóricos de la derecha nacional el trabajo de volver a legitimar la desigualdad o por lo menos lograr convencer acerca de la existencia de niveles de desigualdad "correctos", "productivos" o "tolerables", en tanto fomentan la competencia.

¿Quién podría estar en contra de superar la pobreza?

Cecilia Osorio
El Mostrador
23/06/09

Resulta un buen ejercicio ciudadano comenzar a recoger las propuestas de los candidatos presidenciales, y darle una vuelta más de lo que permite la lectura de sus programas o de los artículos de la prensa del día domingo. Por ejemplo, la reciente propuesta de Sebastián Piñera de reestructurar el actual Ministerio de Planificación y Desarrollo por un Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo principal será la superación de la pobreza. Considerando lo que se conoce de la propuesta, no es difícil, en primer lugar, concordar en que MIDEPLAN requiere -dada su relevancia en materia de coordinación de las políticas sociales- ser perfeccionado con nuevas funciones y atribuciones. No hay que olvidar que a fines de los '90 su existencia fue fuertemente cuestionada por el hoy candidato presidencial y en ese momento Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Por lo tanto, ya ha estado bajo cuestionamiento, lo que en si mismo no es negativo dada la relevante función del organismo y la necesidad constante de mejorar las instituciones públicas. Considerando aquello, la propuesta del candidato Piñera presenta algunos aspectos interesantes, como poner mayor énfasis en la evaluación de las políticas y programas, en una suerte de contrapeso -parece sugerir- con la Dirección de Presupuestos, donde hoy radica dicha función.

Ahora bien, así como la idea de modificar el ministerio nos remonta a los '90, también lo hace la idea de que el objetivo central sea la superación de la pobreza. Difícilmente se puede manifestar desacuerdo ante la afirmación de que la superación de la pobreza constituye una tarea permanente y relevante para el Estado chileno. La intención de la pregunta apunta a relevar en el debate qué otros desafíos son todavía de mayor magnitud y complejidad y requieren atención de la acción pública. ¿Qué sucede con la desigualdad, los derechos sociales y la protección social, por ejemplo? Respecto a lo primero, sin duda es un problema de largo aliento en la sociedad chilena. La pobreza se ha disminuido a la mitad desde el '90 hasta hoy, pero la desigualdad se ha mantenido prácticamente intacta y el quintil superior se ha enriquecido más que los cuatro restantes. Al respecto, la complejidad está dada en gran parte porque para avanzar hacia una sociedad más equitativa se requiere de consensos sociales (un nuevo pacto social) que avalen medidas intersectoriales y estructurales.

Por otro lado, la Protección Social constituye el desafío general, el gran marco de acción bajo el cual muchos Estados están centrando su actuar hoy. Profundos debates académicos y recomendaciones para la acción emergen de estudios de organismos internacionales, que ante la situación de las sociedades actuales, cambiantes y con un alto grado de inseguridad, implican para la vulnerabilidad de las personas. Ante Estados que se replegaron en ámbitos esenciales como la salud, educación y previsión social, la vulnerabilidad de los ciudadanos ante los riesgos es muy profunda. Asimismo, estos Estados debilitados enfrentan importantes dificultades para asegurar efectivamente el cumplimiento de los derechos sociales a sus ciudadanos. Por lo tanto, la superación de la pobreza sigue siendo, lamentablemente, uno de los desafíos principales para los Estados. No obstante, el marco de acción en que esta tarea se sitúa hoy es más amplia. Apunta no sólo a situar más personas por sobre aquella línea imaginaria de la pobreza, sino que apunta a una sociedad más equitativa y más protegida. En el caso chileno, los gobiernos de la Concertación han tomado medidas en ese sentido. No obstante, la dificultad de aquello es que para avanzar en este sentido se requiere más que programas sociales potentes o ministerios especializados. Se requiere, en otras palabras -y tal como lo han dicho otros colegas en estas mismas páginas- un acuerdo en función de otra forma de convivencia, una más adecuada al ideario de una sociedad justa, y no sólo una con más o menos personas en situación de pobreza.