Pastoral Mapuche: Respondemos al clamor de un pueblo afligido

Declaración de la comisión de pastoral mapuche de la iglesia católica ante la muerte de Jaime Mendoza Collio. “La sangre de tu hermano clama desde la tierra” Genesis 4, 10.

Los miembros de la Comisión de Pastoral Mapuche de la Zona Sur de Chile, reunidos en el Santuario de Metrenko, queremos declarar que:

1. Como Iglesia hemos advertido nuestra preocupación por la progresiva criminalización de la demanda mapuche, reduciéndola a un asunto policial. Horas antes de la muerte de Jaime Mendoza Collío, el obispo presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Indígena, Monseñor Camilo Vial, se reunió con el Ministro Secretario General de la Presidencia, el Ministro del Interior y, junto al Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, con la Presidenta de la República, para insistir en la necesidad de no criminalizar las demandas mapuche. Denunciamos la “presencia de fuerzas policiales ‘de elite’, preparados con armamento militar, que han hecho uso de sus armas de fuego en la represión, lo que puede conducir nuevamente a sucesos con comuneros fallecidos”.

2. Así como fuimos recibidos como Iglesia, lamentamos que los 100 dirigentes mapuches de los cuatro espacios territoriales que acudieron a la Moneda el 24 de julio de 2009 no fueran recibidos. También advertimos que una oportunidad de diálogo tan importante no se podía perder.

3.Consideramos que la situación en que murió Jaime Mendoza Collío, pudo perfectamente evitarse si se hubiese actuado aceptando el diálogo solicitado por los mismos comuneros que ocupaban el predio quienes esperaban la presencia de Conadi. En vez de diálogo, acudieron grandes contingentes policiales fuertemente armados.

4.Como Iglesia, también hemos levantado la voz para denunciar la violencia desproporcionada con que Carabineros está actuando en las llamadas zonas de conflicto. Insistimos en que el ministerio de interior debe revisar la forma en que Carabineros actúa en las comunidades mapuches.

5. El pueblo mapuche no es un pueblo de criminales ni terroristas. Son nuestros hermanos y hermanas con quienes compartimos el amor por la vida, la fe en Dios y el deseo de la paz. La represión policial de la que somos testigos pareciera responder a una lamentable visión discriminatoria y racista que la Iglesia también ha denunciado.

6. La muerte de Alex Lemún, Matías Catrileo, y ahora la de Jaime Mendoza Collío, son consecuencia de esta espiral de violencia que hemos denunciado y que es necesario detener ya.

7. El pueblo mapuche cumple con su derecho y su deber al defender su identidad, a reclamar su territorio, y proclamar su vida.

8. Manifestamos nuestra profunda solidaridad con el dolor de la familia y la comunidad de Jaime Mendoza Collío.

9. Solidarizando con todos aquellos que sufren las consecuencias de la violencia, llamamos a todos, mapuches y no mapuches, a deponer la violencia, a reconstruir los caminos del diálogo y a luchar con las herramientas de la paz. Llamamos a movilizar los organismos del Estado en una respuesta pronta y adecuada a las justas demandas del pueblo mapuche. Llamamos especialmente a Jueces, Fiscales y Carabineros a revisar su accionar y su disposición hacia las comunidades. Llamamos a los medios de comunicación a ofrecer información objetiva y veraz que contribuya al entendimiento y a la paz. Nos convocamos como Iglesia para responder al clamor de nuestros hermanos.


Padre Fernando Díaz, svd., Coordinador Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur
Sra. Miriam Suazo Gacitúa, Secretaria Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur
Sr. Florencio Manquilef Huichal, Pastoral Mapuche Diócesis de Villarrica
Sr. Pedro Marican Marican, Pastoral Mapuche Diócesis Villarrica
Sr. Rodolfo Cañas Olguín, Pastoral Mapuche Diócesis Temuco
Padre Francisco Millan Lincopi, Pastoral Mapuche Diócesis de Temuco
Sr. Juan Jorge Faundes Peñafiel, Fundación Instituto Indígena
Padre Hernán Llancaleo Moreno, Coordinador Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción
Hna. Audina Huenumilla Namuncura, Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción
Padre Carlos Bresciani, sj., Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción
Padre Pablo Castro, sj., Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

El costo de hacer bien las cosas

Eduardo Dockendorff
La Tercera
23/06/09

El gobierno anunció iniciativas destinadas a perfeccionar los mecanismos que aseguren un trato responsable con los derechos y culturas ancestrales, por parte de los inversionistas, en territorios con predominio de comunidades indígenas. Sectores empresariales han expresado su preocupación por la idea, pues su aplicación podría afectar la inversión privada en los territorios involucrados.

La iniciativa gubernamental obra, precisamente, en el sentido contrario a la inquietud empresarial y a la planteada en un editorial de este medio. En efecto, la proposición del Ejecutivo busca ponerle un marco institucional a lo que, desde hace tiempo, está ocurriendo de hecho, pero con muy altos costos -a veces exorbitantes-, tanto para las empresas como para el Estado que intervienen en aquellos territorios.

La resolución de las controversias que crecientemente han seguido a la inversión privada o pública en territorios sensibles, no sólo indígenas, queda supeditada a la suerte de negociaciones muy asimétricas entre privados, o entre el Estado y la comunidad afectada. Los resultados han dejado una lección inequívoca: hacer mal las cosas, con soberbia, insensibilidad social y desconsideración cultural, se paga muy caro, política como económicamente, aun cuando se hayan seguido estrictamente las normas vigentes.

Tanto a los agentes privados como al Estado les ha costado entender el cambio político que representa la irrupción de una ciudadanía cada vez más alerta, mejor movilizada y, a veces, sorprendentemente bien organizada para exigir sus derechos o plantear sus demandas. Por ejemplo, la desatención de Endesa con las comunidades pehuenches en el Alto Bío Bío elevó los costos de la construcción de la represa Ralco a niveles que la empresa no imaginó. También, el bypass de la Ruta 5 Sur que se construyó sobre tierras de comunidades mapuches, le costó al Estado un enorme sobreprecio respecto del monto previsto originalmente.

El asunto de fondo, sin embargo, reside en nuestra capacidad de entender las señales que provienen de las expresiones reales de nuestra democracia moderna, con las que nuestro sistema político tiene que aprender a vivir. Creer que la aprobación de un permiso ambiental otorgado a un inversionista o el permiso municipal para una inversión inmobiliaria en una comuna, supone obediencia civil sin más, es desconocer el signo de los nuevos tiempos.

El día que los partidos políticos recuperen el papel mediador entre la ciudadanía y el Estado, o cuando éste, reformas mediantes, integre institucionalmente a la ciudadanía en un nuevo modelo de representación y participación, podremos pensar otra cosa. Mientras contemos con el actual modelo y las mismas instituciones políticas y de representación que han estado vigentes en nuestra democracia, no hay más que sentarse a dialogar, proponer, sugerir, revisar y negociar, por cierto con la ciudadanía, partiendo por nuestros pueblos originarios.

Cuando las cosas se hacen bien, desde la decisión política de invertir hasta el manejo de los impactos cuando el proyecto se encuentra en régimen, el costo político para la democracia y el económico para el inversionista será mucho menor.

El nuevo código de conducta responsable, además de constituir una oportunidad para regular y sincerar la adhesión con la responsabilidad social del empresariado, honra un compromiso internacional de Chile. Pero sobre todo constituye una oportunidad para que las áreas de desarrollo indígena puedan acercarse a los logros políticos, económicos y sociales de los que se han beneficiado los demás chilenos.