Imponer la estabilización internacional, ¿misión de las democracias?

Iván Witker
El Mostrador
25 - 06 -09

Existe vasta coincidencia en que uno de los temas centrales de la seguridad internacional tiene que ver con los llamados Estados fallidos (en el último tiempo también mares fallidos), y la consecuente decisión de impulsar las denominadas operaciones de paz. Amplia coincidencia existe también en identificar al espacio afro-asiático como aquel donde las demandas de tales operaciones parecen ser infinitas, pero donde igualmente los esfuerzos desplegados no rinden resultados satisfactorios. El registro de fracasos, de omisiones y de logros aislados es, tanto en Asia como en África, elevadísimo. Rwanda, Congo, Somalia, Darfur, Afganistán, y unos cuantos más, son ejemplos más que elocuentes.

Por lo tanto, parece muy razonable que la ONU haya comenzado a denominarlas ahora misiones de estabilización post-conflicto. Eso pone en el centro del debate algunas inquietudes respecto a la conveniencia, legitimidad, carácter y viabilidad de estos despliegues.

La existencia de Estados fallidos (y mares fallidos) afecta dos facetas de las democracias modernas. Por un lado, éstas se ven obligadas a efectuar una inversión de nuevo tipo, cual es mantener bajo cierto control zonas convertidas en focos, tanto de inestabilidad para el comercio internacional, como de posible amenaza a la tranquilidad de sus ciudadanos. Por otro lado, las imágenes de lo que ocurre en estos estados fallidos resultan lacerantes para las percepciones morales de quienes gozan de existencias prósperas. Tales realidades han impulsado nuevos compromisos estratégicos de tipo multilateral, vinculados a estas misiones.

Un efecto de dichos compromisos es la tendencia de la política exterior de las democracias modernas a hacerla converger con su respectiva política de defensa. Producto de ello es que las FF.AA. de un país democrático están viendo ampliar el espectro y densidad de sus preocupaciones. Junto a las tradicionales de la defensa nacional (asociadas a las hipótesis de guerra que cada país tiene), y a las no convencionales (por lo general relacionadas con catástrofes naturales, y con otras, como el involucramiento en políticas antiterroristas, una función considerada sólo por algunos países), más aquellas de tipo colateral imbricadas con el desarrollo nacional, se va haciendo perceptible una cuarta función, vinculada a los citados compromisos estratégicos, y que se traduce en contribuciones concretas a las misiones de estabilización post-conflicto.

La gran interrogante de cada país es en qué misión participar. Las dudas aumentan cuando se trata de opciones en el espacio afro-asiático. Y es que no sólo la peligrosidad de la misión, ni la lejanía geográfica, ni aún los cuestionamientos societales respecto a la misma, son los puzzles a resolver cuando se habla de África y Asia. El caso de Afganistán revela un lado oscuro de estas misiones, que plantea consideraciones cuasi antropológicas.

En efecto, pocos dudan que Afganistán no sea merecedor de una misión de estabilización (especialmente si lo vemos con prisma occidental), e igualmente pocos dudan que el esfuerzo multilateral de la ONU, la OTAN, la Unión Europea, y el apoyo individual de varios países de la región, no sean genuinos. Es un esfuerzo civil y militar mayúsculo, pero eclipsado. Su éxito se ha difuminado a la par que han aumentado las demandas para que otros países, ya no sólo europeos y asiáticos, se involucren.

La experiencia afgana indica que la construcción de confianzas ha resultado lo más complejo. Ello lo ilustra la obvia prioridad de ayudar al gobierno de Kabul a formar su propia policía y otras entidades humanitarias, tipo Cruz Roja, que asistan a la población civil en emergencias. Dicha ayuda consiste básicamente en equipamiento y traspaso de conocimientos técnicos tanto para cumplir su función primordial como darle mantenimiento a sus equipos e instalaciones según parámetros que parezcan razonables a la ONU. El adiestramiento y capacitación ha sido efectuado con relativo éxito, pero los reportes oficiales indican insatisfacción afgana por la profunda desconfianza hacia las tropas y funcionarios extranjeros. Ocurre que en Afganistán, el agradecimiento individual y grupal suele expresarse, no a la usanza occidental con un apretón de manos, sino con repetidos y ceñidos roces de mejillas, de manera simultánea a ligeras caricias con las manos. Esto, obviamente, entre hombres, debido al carácter de la sociedad afgana, que excluye a las mujeres de todo tipo de tareas, salvo las domésticas. Huelga subrayar que dicha costumbre afgana es evitada por el personal civil y militar de la misión. Estas tareas de adiestramiento y capacitación sólo pueden ser ejecutadas por hombres, única forma de que sean aceptadas por la contraparte. Luego, una de las premisas en que se basa el involucramiento de países europeos es la apertura de escuelas a las niñas afganas, algo considerado por la sociedad afgana como una verdadera afrenta extranjera. Y lo más problemático se ha planteado cuando se ha procurado rescatar a mujeres en situación de verdadera esclavitud.

Claramente se trata de una experiencia con características en apariencia extremas; pero no lo son en absoluto. La mayoría de los Estados fallidos, merecedores de una misión de estabilización, son muy singulares y complejos, y, por lo mismo, requieren de una asistencia diametralmente distinta -con fuerte componente militar sin dudas- pero con despliegues civiles robustos y con planes de muy largo plazo. Son pacientes que requieren terapias integrales e intensivas. De lo contrario, estas misiones no pasarán de ser laboratorios para entrenamiento militar, canales para limosnas internacionales y espacios de realización para los que sufren con desgracias ajenas.

No debemos perder de vista que en el mundo impera la visión occidental de los DD.HH., y no la rwandesa, ni afgana, ni argelina, ni nigeriana. Como acertadamente escribió hace algún tiempo el internacionalista C. Escudé: "Si todas las culturas son equivalentes, entonces todos los individuos no estamos dotados de los mismos DD.HH., porque hay culturas que adjudican más derechos a los hombres que a las mujeres. Si por el contrario, todos los individuos poseemos los mismos DD.HH., entonces todas las culturas no son equivalentes, porque hay culturas que no reconocen la universalidad de esos DD.HH."

Pobre debate

Cristina Bitar
La Segunda
02/06/09

La historia política del siglo XX dejó una gran enseñanza en Occidente: el valor de los derechos humanos. Los totalitarismos comunistas y nacionalsocialistas, fundamentalmente, dejaron una secuela de muerte y vulneración de la dignidad humana que llevó a generar una conciencia, como nunca antes se había tenido, de que la vida de las personas y las libertades para tener diferentes modos de entender el mundo son elementos que deben respetarse siempre. América Latina tuvo una serie de dictaduras en las que se vivieron atropellos graves, como la tortura y la desaparición de personas. A partir de entonces, los chilenos hemos desarrollado una especial cultura de respeto a las garantías fundamentales, siempre por sobre cualquier diferencia política. Quiero decir que, al escribir estas líneas, no puedo dejar de pensar en una de las personas más queridas para mí, que vivió la prisión política en condiciones terribles y que es un servidor público al que quiero y admiro: me refiero a mi tío Sergio Bitar.

Afortunadamente, hemos avanzado en esta materia, y si alguna responsabilidad tienen los políticos y los líderes de opinión, es cuidar este progreso y ayudar a consolidarlo como un valor superior. Por eso me parece tan lamentable y fuera de lugar el debate que se ha dado la semana pasada en el país a partir de las declaraciones de la Presidenta en su visita a la casa de Ana Frank, en las que recordó su detención en Villa Grimaldi. Toda la discusión, empezando por las cartas del presidente de Renovación Nacional y terminando por la columna de Carlos Peña en "El Mercurio" de ayer, muestra un nivel de intolerancia y maniqueísmo que nos aleja de donde debe estar el foco de nuestras preocupaciones en esta materia. Es un debate pobre, porque no gana nadie. Al contrario, perdemos todos.

El primero de ellos olvida que Michelle Bachelet fue detenida en un momento en que no regía el Estado de Derecho, que su lugar de prisión no era un centro de reclusión formal y que allí ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos. Es evidente que una circunstancia de esa naturaleza provoca en una persona temor, traumas y constituye, per se, una violación de derechos a la que ningún ser humano debe ser sometido. La Presidenta tiene toda la autoridad moral para recordar esa experiencia de su vida. Esta se la ganó especialmente por la nobleza de espíritu con que ha sabido superar ese pasado personal y familiar, mostrando siempre una actitud reconciliadora, sin el menor asomo de rencor.

Desde la vereda opuesta, Carlos Peña toma las palabras de Larraín y las generaliza: "Merece escándalo lo que la derecha piensa de los derechos humanos". Peña sostiene que el error de Larraín no es sólo eso, un error personal de análisis histórico. Al contrario, sostiene equivocadamente que es la expresión de una posición sobre los derechos humanos que alcanza a todo un sector político. En consecuencia, desprende que las credenciales democráticas de ese grupo y, más aún, su aptitud moral para gobernar, están en entredicho. Si lo que dice Peña fuera cierto, ¿tendría derecho ese sector político a pretender gobernar el país? Desde luego que no. Y si no tiene derecho a gobernar, ¿tiene derecho a participar de la vida política?

La respuesta lógica me produce escalofríos, porque —en el fondo de su argumento— lo que Peña sugiere es que los que no comparten su posición política están en una condición de inferioridad cívica, que son en realidad ciudadanos de segunda. ¿Por qué será que esto me recuerda el cautiverio de Ana Frank?

Debemos ser mucho más cuidadosos con la utilización de la temática de los derechos humanos en la discusión política contingente. No podemos volver a caer ni en relativizar las violaciones de la dignidad de las personas, ni en la generalización de posiciones políticas. Ambas actitudes sólo nos llevan a prejuicios y a odiosidades que no ayudan a construir una verdadera amistad cívica.

También es una crisis de derechos humanos

Irene Khan
El Pais de España
28/05/09

En septiembre de 2008 asistí a una reunión de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas que intentan reducir la pobreza antes de 2015. Se habló de la necesidad de destinar más fondos para erradicar el hambre, prevenir las muertes infantiles y maternas, proporcionar agua no contaminada y servicios sanitarios, o educar a las niñas. La reunión coincidió con el desplome de uno de los mayores bancos de inversión de Wall Street. Sin demora, los Gobiernos fueron capaces de inyectarle dinero en abundancia. Unas sumas muy superiores a las que nunca habían logrado reunir para frenar la pobreza.

La recesión económica global reproduce el patrón del cambio climático: los ricos son en gran medida responsables, pero los pobres sufren las peores consecuencias. El Banco Mundial ha pronosticado que en 2009 otros 53 millones de personas se verán abocadas a la pobreza, además de los 150 millones a quienes afectó la crisis alimentaria del año pasado. La Organización Internacional del Trabajo prevé que entre 18 y 51 millones de personas pierdan su empleo. En África, millones de personas siguen viviendo bajo el umbral de la pobreza. América Latina es la región con más desigualdades del mundo. India emerge como gigante económico, pero no aborda las penurias de su población urbana. En China crece el desfase entre el nivel de vida de los trabajadores rurales y migrantes y las acomodadas clases urbanas. Estados Unidos ocupa el puesto 27 en la clasificación de los 30 países de la OCDE que más sufren la pobreza endémica.

La cruda realidad es que mucha gente es pobre a causa de las políticas de discriminación, marginación y exclusión adoptadas o toleradas por los Estados, con la connivencia de empresas o actores privados. Las personas que viven en la pobreza sufren la inseguridad en todas sus formas, desde el hambre hasta la brutalidad policial. Son ignoradas y oprimidas, sus voces no se oyen. ¡Qué mayor negación de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos!

Los Gobiernos no sólo han renunciado a la regulación económica y financiera a favor del mercado, sino que han fracasado a la hora de proteger los derechos humanos. Con su actuación negligente, los líderes mundiales han generado una enorme brecha al no invertir en ellos. Frente a la recesión, los Gobiernos poderosos están volviendo la mirada hacia sí mismos haciendo caso omiso de la crisis de derechos humanos que les rodea. Y ante el riesgo de inestabilidad política, responden reprimiendo las críticas y con una falta total de rendición de cuentas.

La crisis económica global amenaza con conducir a más gente a la pobreza y convertirla en blanco de violaciones de derechos humanos. La crisis alimentaria está empeorando, y aun así apenas atrae la atención de la comunidad internacional, a pesar de que la ONU señala que casi mil millones de personas padecen hambre en el mundo. Y el hambre aumenta por la falta de inversión en agricultura, la competencia desleal por la bajada de precios, el cambio climático, el aumento de la población y la demanda masiva de biocombustibles. Además, millones de personas que dependen de la ayuda alimentaria, como en Zimbabue, se convierten en moneda de cambio de los Gobiernos para controlar a su oposición política.

El despido de cientos de miles de trabajadores migrantes reduce las remesas que ascienden anualmente a unos 200.000 millones de dólares, y que son una importante fuente de ingresos en países como Bangladesh, Filipinas, Kenia o México. Esto reduce los ingresos de los Gobiernos y, por tanto, los fondos destinados a bienes y servicios básicos. Pero aunque se contrae el mercado de trabajo, sigue aumentando la presión migratoria. Sólo en 2008, 67.000 personas emprendieron la peligrosa travesía hasta España por el Mediterráneo; no se sabe cuántas murieron durante el trayecto. La solución de los países de la UE son acuerdos bilaterales con terceros países, como Mauritania, donde se puede detener arbitrariamente, recluir en condiciones precarias y expulsar sin ninguna garantía legal.

Los mismos líderes que se afanan por sacar adelante programas de estimulación de la economía global siguen ignorando conflictos sangrientos que generan abusos masivos contra los derechos humanos. Estos conflictos agudizan la pobreza y ponen en peligro la estabilidad regional, como en Israel y los Territorios Ocupados, Afganistán, Darfur o Pakistán, donde la violencia está produciendo desplazamientos masivos de población.

Ante esta situación, el mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo político y económico distinto que funcione igual para todas las personas. Un liderazgo que empuje a soluciones integradoras, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos. Una nueva generación de Estados, bajo la forma del G-20, reclama ese liderazgo mundial. Pero para convertirse en líderes efectivos deben enfrentarse primero a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en la defensa de los derechos humanos. ¿Serán capaces de hacerlo? Amnistía Internacional acaba de lanzar una nueva campaña global, Exige Dignidad, que movilizará a las personas para presionar a los líderes políticos y de empresa, y conseguir que rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos que generan o agudizan la pobreza.

Irene Khan es secretaria general de Amnistía Internacional.