Protección social 2.0

Verónica Pinilla
La Segunda
28/05/09

El sistema de protección social chileno nació como respuesta a la necesidad de superar los niveles de pobreza que se presentaban. Datos de Cepal indicaban que aquélla, el año 2000, llegaba a un 20,2%, y la indigencia, a 5,6%. El Estado decidió entonces diseñar un modelo de protección innovador.

Se modificó así la tarea del Estado, ahora con un activo rol en la búsqueda de beneficiarios. Se incluyeron, además, elementos incorporados por los sistemas de protección social de la Tercera vía, como la celebración de “contratos” entre los potenciales beneficiarios y el Estado, y la definición de “períodos limitados” de intervención. Esto, para asegurar real participación de los beneficiarios y su compromiso para salir de la pobreza. El sistema tiene sentido a partir del trabajo con el núcleo familiar: el interactuar con la familia en su propio hogar, entender su dinámica más privada, corregir conductas y a partir de eso generar condiciones de superación.

Una segunda versión del sistema requeriría, a lo menos, considerar algunos aspectos. Primero, sería necesario, al igual que en países más avanzados, instalar una institucionalidad acorde con las necesidades de protección social del país. Para sostener un esfuerzo permanente y sistemático, se debe considerar la existencia de instituciones especializadas en implementar y evaluar el alcance de las políticas en el nivel regional y local.

Segundo, la perspectiva paternalista del Estado (que sugiere que los beneficiados deben comprometerse con contratos y con límites de tiempo) debe ser reemplazada por una que considere al ciudadano como actor capaz de valorar lo que el esfuerzo de superación de pobreza significa. Esta nueva perspectiva pondría más énfasis en la responsabilidad del Estado en superar desigualdades sociales y menos en cambiar actitudes y hábitos de los beneficiarios.

Tercero, el trabajo hacia la reducción de la pobreza tiene mayor impacto cuando intervenciones al nivel colectivo son consideradas. Es necesario que el diseño de políticas sociales se vincule a un ámbito más grupal, comunitario, donde intereses de grupos sean construidos y donde las necesidades sociales tomen real sentido.

Estas consideraciones significan un cambio de perspectiva que posiblemente llevará a tomarse más en serio el tema de la protección social y sus efectos en el largo plazo.